Gobierno de Colombia sólo acepta informes de la ONU cuando le convienen

Por Fernando Alexis Jiménez | @misnotasdeldia

Grave. Esta palabra breve pero profunda revela lo que ocurre en Colimba con los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los están matando de manera indiscriminada. Así lo revela el más reciente informe de la ONU. A la gravedad del asunto se suma la reacción del gobierno nacional, desestimando una realidad que no se puede ocultar. Otro adjetivo con el que infinidad de personas han calificado la actitud del presidente Iván Duque: tremenda desfachatez.

Se atrevió a señalar que se trataba de una “intromisión en la soberanía nacional”, y además de cuestionar las fuentes que dieron origen al análisis. Sentenció que espera, hacia el futuro, que un nuevo trabajo sea “más objetivo”. En otras palabras, que oculte la verdad y desconozca que los cementerios colombianos se están llenando cada día más de bóvedas y de cruces, además de los llantos desconsolados de quienes pierden a sus familiares.

Sin embargo, millares de connacionales reconocen que por primera vez en muchos años, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos puso el dedo en la llaga y le echó sal y limón cuando el organismo multilateral solicitó una profunda transformación en el Escuadrón Móvil Antidisturbios.

De acuerdo con el documento que se convirtió en el florero de Llorente, se deben emprender “investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad durante las recientes protestas sociales”.

“Es que los policías de Colombia no se levantan a nada distinto que proteger a los colombianos, protegerles la vida, la honra, los bienes, los derechos, la libertad. A eso se levantan, son personas de carne y hueso, personas llenas de motivación, personas que dejaron al lado el camino de las vanidades para escoger el servicio a la comunidad”, dijo el jefe de Estado en una publicación que difundió el diario El Tiempo el 26 de febrero del año en curso. Con pocas palabras legitimó que el que los agentes especiales repartan generosamente garrote a diestra y siniestra cuando la gente sale a protestar. Infinidad de lesionados y personas con problemas de respiración fruto de los gases lacrimógenos, pueden dar fe de las consecuencias.

Uno y hasta dos líderes sociales son asesinados cada día en Colombia. La máquina de la muerte no se detiene. El modus operandi es el mismo: disparos desde una moto. Sicarios que jamás son capturados. “Exhaustivas investigaciones” que concluyen en nada y engrosas interminables anaqueles en poder de la justicia colombiana.

Lo que relató el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos no es fruto del realismo mágico del enorme Macondo que es Colombia. Valga la redundancia: es real y representa un fenómeno social que ha ido creciendo.

No es algo nuevo. Durante décadas dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas y políticos han sido víctimas de lo que se ha denominado “crímenes de Estado”, paramilitares, sicarios y narcotraficantes.

El Informe de la ONU  critica la falta de acceso a la justicia que “perpetúa ciclos de impunidad y violencia”, y señala que la Fiscalía General de la Nación sólo tiene alcance en la mitad del país. Explica, así mismo, la presencia de organizaciones armadas en varios territorios y las violaciones de derechos humanos que llevan a cabo.

El documento denuncia que en el 2019 hubo privaciones arbitrarias de la libertad por parte del ejército y la policía, casos de violencia de miembros de las fuerzas armadas y la policía contra ex guerrilleros de las FARC, y presuntas torturas y malos tratos.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tampoco se quedó callado frente al tema. Defendió al ESMAD. Se puso la camiseta—perdón, el uniforme—y como si estuviera repartiendo garrote y gases lacrimógenos, como suelen hacer ellos, justificó las intervenciones durante las movilizaciones e, incluso, la invasión que hacen a campos universitarios.

Así las cosas, no hay garantías para la protesta social y si alguien quiere ponerse una lápida encima, basta que ejerza como líder social o defensor de derechos humanos. Lo más probable es que no llegará a diciembre ni comerá natilla y buñuelos. Y que una entidad internacional como la ONU ponga en evidencia la realidad, por supuesto que le cayó al gobierno nacional como un baldado de agua fría que desvirtúa los afanosos periplos del presidente Iván Duque, vendiendo a Colombia como un paraíso en diferentes escenarios internacionales…

Blog del autor www.cronicasparalapaz.wordpress.com