Álvaro Ruiz
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Las finanzas del sector público se van a ver seriamente afectadas con la actual situación desencadenada por el coronavirus.
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Las finanzas del sector público se van a ver seriamente afectadas con la actual situación desencadenada por el coronavirus.
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Por Mauricio Cabrera Galvis – Columnista de El País
Las finanzas públicas también se contagiaron por el Covid-19 y si no se les aplica un tratamiento rápido, van a entrar a cuidados intensivos por la conjunción de dos causas que incrementarán el déficit fiscal: una, el necesario aumento del gasto público para evitar una parálisis del aparato productivo y un estallido social, y dos, la reducción de los ingresos fiscales que causará la recesión económica.
El aumento del gasto público es imperativo ante la magnitud de la crisis del coronavirus y las medidas para contenerla. Recursos para el sector salud, ingresos para la población vulnerable, los trabajadores -independientes y formales- y ayudas para las empresas implican nuevos gastos equivalentes por lo menos al 5% del PIB. Este aumento del déficit fiscal solo puede ser financiado con mayor endeudamiento del gobierno, que debe conseguirse con entidades multilaterales y el Banco de la República.
Por el lado de los ingresos la situación también es preocupante y puede llegar a un aumento del déficit fiscal del 3% del PIB. El recaudo de impuestos caerá por el menor crecimiento, por las menores utilidades de las empresas que pararon o redujeron sus ventas y por el menor ingreso y consumo de los hogares y la contracción del volumen de comercio exterior.
En el 2020 el impacto será solo parcial porque los impuestos se pagan sobre las utilidades e ingresos del año anterior. Aun así, Garay y Espitia estiman que los ingresos del Gobierno disminuirán en unos $7 billones (0.7% del PIB).
En un escenario optimista en el que este año el crecimiento del PIB es cero, en el 2021 el recaudo de impuestos sería unos $10 billones (1% del PIB) menos que el proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El derrumbe de los precios del petróleo agrava la situación. El año pasado Ecopetrol entregó a la Nación $20 billones por concepto de impuestos y dividendos y otros $5 billones por regalías. Con un precio promedio del petróleo alrededor de US$30 por barril, el exministro Amylkar Acosta estima que este aporte se reducirá en unos $12 billones.
Como si esto fuera poco el año entrante caerá en $9,4 billones el recaudo tributario por de las exenciones y beneficios tributarios creados en la Ley de Crecimiento (Ley 2010 de 2019). Según las propias proyecciones oficiales, la disminución de la tarifa de renta a las empresas, el descuento del IVA en compra de bienes de capital y el descuento del Impuesto de industria y comercio (ICA), tendrán un costo fiscal de $1,3, $6,5 y $1,6 billones, respectivamente.
Después de la crisis es imperativo reducir el déficit fiscal y pagar las deudas contraídas, lo cual solo es posible con mayores impuestos. Para ello se deberá realizar la tantas veces aplazada tributaria estructural que, además de aumentar significativamente el recaudo, si cumpla con los principios constitucionales de Equidad, Eficiencia y Progresividad.
Para reducir un poco el tamaño del déficit fiscal en el corto plazo, el Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible -Lides- propuso al presidente Duque que se aplazarán por dos años los beneficios tributarios de la Ley 2010. La justificación oficial para otorgarlos fue que se pagaban por si mismos pues al incentivar la inversión iban a acelerar el crecimiento y por lo tanto el recaudo, supuesto que es imposible que se haga realidad ahora que enfrentamos una recesión.
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