“Gente en la legalidad está contratando para matar líderes sociales”: Ariel Ávila

“Casi todos los que conocían a Felicinda la llamaban ‘Santa’, apodo que le puso la abuela desde que nació por el apellido, y otro tanto la llamaba ‘Chinda’, como se les dice en  la región a las mujeres que llevan su nombre. Durante los últimos diez años, Felicinda trabajó para mejorar la calidad de vida del empobrecido barrio Virgen del Carmen II, de Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Por su capacidad de gestión y liderazgo, los habitantes del sector la eligieron en 2016 como presidenta de la Junta de Acción Comunal, a la que se había vinculado poco después de llegar a la zona. El pasado 3 de julio, a sus 52 años, fue asesinada en su propia casa por hombres que, más tarde, las autoridades señalaron como integrantes de una banda delincuencial llamada ‘Los Chingas’.

“Aunque nació en el valle del río Baudó, Felicinda se crió en la capital chocoana. Algunos de quienes la conocieron la describen como una líder recia, apasionada y preocupada por la comunidad. Un integrante de su familia, que pidió la reserva de su nombre por motivos de seguridad, cuenta que ‘cuando ella llegó al barrio, estaba muchísimo menos poblado que ahora. Entonces, ella miró que había muchas necesidades, que las personas se estaban acostumbrando a vivir así y que era posible estar un poco mejor. Por eso se hizo partícipe de la Junta y empezó a hacer gestiones para que el barrio progresara, siempre pensando en el bienestar de la gente’”.

Este texto hace parte de un informe del portal verdadabierta.com, y hace parte de los miles de casos que se dan en el país contra líderes sociales desde hace décadas, pero que se han incrementado de manera sistemática en los últimos años.

No se puede decir que el país no sale de su asombro ante el sistemático asesinato de líderes y lideresas sociales. Y no se puede hacer porque es eso lo que se ha perdido, la capacidad de asombro. La muerte de líderes y defensores de derechos humanos se ha convertido en frías cifras que a diario registran los medios de comunicación.

Para entender el fenómeno es necesario primero definir qué es un líder social y qué es un defensor de derechos humanos, de esta manera se tendrá mejores elementos de juicio. El informe del intitulado ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo, coordinado por la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, con la participación de organizaciones como el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, IEPRI; el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP; la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat; Verdad Abierta y Ríos Vivos entre otras, se conceptualiza que un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad, mejoran y significan sus condiciones de vida o construyen tejido social.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice que un defensor o defensora de derechos humanos, es aquella persona que se dedica a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, tanto de forma individual como colectiva.

Ahora bien, el desarrollo de estas labores toma una gran importancia en el desarrollo y progreso de comunidades en zonas rurales alejadas del centro del país y olvidadas por el Estado, sin embargo chocan con intereses políticos y económicos que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad.

No está de más recordar que el proceso de paz de La Habana puso en discusión el abandono de vastas zonas rurales por parte de los gobiernos regionales y nacional, y la necesidad de inversión social; lo que da protagonismo a las organizaciones sociales en la construcción de democracia. En consecuencia, las hace vulnerables si se tiene en cuenta las condiciones políticas y las mafias de poder político que detentan el poder en el ámbito nacional y regional.

Asimismo, fue el acuerdo entre el Estado y la insurgencia de las FARC lo que marcó un punto de quiebre que incrementó el asesinato de estos líderes, al punto que el informe citado registra un total de 343 violaciones al derecho a la vida verificadas de líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2018. Aunque para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, desde el primero de enero de 2016 hasta el 10 de enero de 2019, son 556 los dirigentes exterminados.

Lo que más ha preocupado, incluso a la comunidad internacional, es la tendencia al aumento, si se tiene en cuenta que “tan solo entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018 se registraron más asesinatos que en todo 2016; además reflejó un aumento del 26% con respecto al periodo enero-julio de 2017 en el que se registraron 79 violaciones al derecho a la vida frente a las 100 registradas entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2018”.

El informe de la CCJ hace hincapié en las zonas más golpeadas del país en cuanto a esta práctica sistemática, y aunque expresa que han sido castigadas desde el siglo pasado, sí sufren un incremento en los últimos años. Estas son Cauca, Antioquia, Nariño, Norte de Santander y Córdoba.

Para saber cómo se presenta la sistematicidad en los asesinatos, VOZ habló con el investigador Ariel Ávila, vicepresidente de la Fundación Paz y Reconciliación, que ha estado recogiendo información en las regiones afectadas.

–Lo que vemos es que sí hay una sistematicidad en el asesinato de líderes sociales. Casi el 65% de ellos son reclamantes de tierras o de verdad, querían participar en política o son líderes comunales que se oponen a economías ilegales; ya sea porque promueven la sustitución de cultivos o porque denuncian la presencia de alguna economía legal.

Lo segundo es que el 30% de los asesinatos los cometieron disidencias de las FARC o el ELN, grupos pos-desmovilización paramilitar como el Clan del Golfo, pero en un 70% nadie sabe quiénes los mataron. Se les llama particulares o actores no identificados. Eso nos da a entender que hay una sistematicidad por la similitud en los perfiles de las víctimas. Creemos que hay gente en la legalidad que está contratando para matar líderes sociales. Ya no es como antes que estaba Carlos Castaño y él hacía el trabajo sucio, ya no, ahora contratan sicarios para asesinar a los líderes sociales.

–Sí. Nosotros los llamamos grupos pos-FARC, pero en la vida real para nosotros no hay ninguna disidencia.

–Hay varios cuellos de botella complicados. Lo primero es que los entes territoriales como alcaldías y gobernaciones consideran a los líderes sociales como vagos, vividores, guerrilleros, como pasa con el alcalde de San Vicente del Caguán.

Lo segundo es que los líderes no denuncian porque las instituciones de seguridad trabajan con los criminales. En el Urabá Antioqueño distinguir entre Estado y criminales es muy difícil, allá el Clan del Golfo maneja todo. Si denuncian no les creen y algunas de las instituciones que reciben las denuncias más o menos trabajan con actores ilegales. Y lo tercero, es que cuando se denuncia en lo local, eso no sube a lo nacional.

Las medidas del presidente Santos en su momento fueron interesantes, una comisión nacional de garantías de seguridad, un cuerpo élite de la Policía, las protecciones comunitarias, lo que ha hecho Duque también es interesante, pero eso no tiene ningún efecto porque la Fiscalía no coge a los autores intelectuales de esos crímenes.

–Desde la firma del Acuerdo esto se ha incrementado, pero ha habido algunos picos; previo al plebiscito por la paz se vio claramente que asesinaban a quienes promovían el Acuerdo; el otro fue antes de las elecciones para el Congreso. En enero y febrero del año pasado fue terrible; luego, previo y después de la segunda vuelta presidencial, y no se puede decir que sea por móviles políticos, pero los picos se dan antes y después de cada votación.

–Eso depende de la región. En el Urabá por ejemplo, matan reclamantes de tierras; en el Cauca a los que querían participar en política y a quienes denuncian minería, pero no solo gran minería, también muchos denuncian minería criminal que se hace pasar por artesanal, y por eso los matan. Un líder de Almaguer, Cauca, presidente de la juta de acción comunal, denunció una mina ilegal manejada por narcos y lo mataron. No es solo minería, es a quienes se oponen a economías ilegales en general, cultivos de coca también.

–Lo cierto es que esas circunscripciones ya no existen, entonces cuando estuvo en lo más álgido ese debate sí se presentó un incremento por esas zonas. Pero, ahora lo que se viene en 2019 es la gente que se va a lanzar a concejos, alcaldías y asambleas de diputados, en muchas zonas a los líderes que quieren participar los están matando.

–No sé, nosotros no hemos podido determinar nada de eso.

–La violencia siempre ha sido un mecanismo de competencia política.

–Lo primero que hay que hacer es un plan de emergencia para esos perfiles, reclamantes de tierras o de verdad, líderes que quieren participar en política o líderes comunales que se oponen a economías ilegales. Esos tres grupos requieren una protección especial porque los están matando, y este 2019 hay elecciones y la justicia transicional va a avanzar.

Lo segundo es que la Fiscalía y la Justicia actúen con los determinadores intelectuales de esos crímenes, porque mientras ellos se sientan con impunidad para matar van a seguir haciéndolo.

Y lo tercero, es mejorar los mecanismos de alertas tempranas desde lo local a lo nacional, para que se pueda proteger en emergencia. Pero lo principal es lo segundo.

–Sí claro, es utópico, pero entonces no va a parar. Se han intentado hacer cosas importantes, la Unidad Nacional de Protección ha dado plata, el cuerpo élite de la Policía se formó, la protección comunitaria se hizo, cosas que incluso Jaime Caycedo* recomendó las recogió Santos, que nosotros mismos recomendamos, pero el impacto es cero porque no cogen a los que mandan a matar, y si no los cogen van a seguir matando. Esa es mi conclusión.

–Lo que pasa es que eso se ha normalizado y ese discurso de algunos miembros del Gobierno como el de la señora Claudia Ortiz que nombraron en la Agencia de Desarrollo Rural, quien dijo que los líderes sociales son unos guerrilleros y vividores, ha hecho carrera en algunos sectores de la sociedad. Hay una normalización de la violencia y satanización de la labor de los líderes sociales.

La sociedad civil debe salir a exigir que esto pare. En España cuando la gente empezó a salir fue que ETA empezó a dejar de matar. Lo que necesitamos es que la sociedad no normalice esto, pero lo veo muy difícil.

–Sí. Tú me dices que no tiene sentido esperar que esta Justicia actúe, y de acuerdo, pero es la única manera de parar esto, porque… lee la entrevista de Michael Forst, el delegado de Naciones Unidas para el tema de líderes sociales. En una parte dice “Yo no conozco ningún otro país en el mundo con la zozobra con la que viven los líderes sociales, ni siquiera la República Democrática del Congo, es que no conozco, no hay”. Eso demuestra que en las regiones hay grandes Estados mafiosos de facto como el Urabá, donde es imposible distinguir entre Estado y criminales.