Fernando Alexis Jiménez
Dilan Cruz fue asesinado por fuerzas del orden el 23 de noviembre del 2019. Estaba protestando como millares de personas en todo el país, en el marco del Paro Nacional. Pero el gobierno de Iván Duque criminalizó la protesta social y permitió disparar contra la población civil.
La tarde del 23 de noviembre de 2019, en el centro de Bogotá, Dilan Mauricio Cruz Medina caminaba entre la multitud. Tenía 18 años, acababa de terminar el bachillerato y ese día, como miles de jóvenes, salió a protestar en el marco del Paro Nacional contra las reformas del gobierno de Iván Duque.
En la calle 19 con carrera 4, mientras devolvía un gas lacrimógeno que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) había lanzado hacia la marcha, un proyectil de munición tipo Bean Bag —disparado desde una escopeta calibre 12— le impactó en la cabeza.
Cayó.
Dos días después, el 25 de noviembre, murió en el Hospital Universitario San Ignacio.
Medicina Legal lo clasificó como homicidio: trauma craneoencefálico penetrante que causó daños irreversibles en el cerebro.
El autor del disparo fue identificado de inmediato: el entonces capitán Manuel Cubillos Rodríguez, del ESMAD.
UNA DEUDA DE LA JUSTICIA
Casi siete años después, el caso de Dilan Cruz sigue siendo un espejo de las deudas de la justicia colombiana con las víctimas de la fuerza pública en contextos de protesta.
Las pruebas —videos, peritajes y testimonios— mostraron que no había un escenario de violencia extrema que justificara el uso de un arma con potencial letal contra un manifestante.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo de segunda instancia conocido el 10 de julio de 2026, fue claro: la Policía Nacional incurrió en una falla en el servicio.
Clasificó la munición Bean Bag como “menos letal” sin advertir de forma adecuada a sus uniformados sobre su real capacidad de causar la muerte. Esa omisión impidió evaluar correctamente los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad en el uso de la fuerza.
El tribunal descartó cualquier concurrencia de culpas por parte de Dilan.
Devolver un gas lacrimógeno lanzado previamente por la autoridad no legitimaba un disparo potencialmente mortal.
Calificó los hechos como una grave violación de los derechos humanos y ordenó aumentar las indemnizaciones por perjuicios morales a la familia por encima de los montos ordinarios.
Además, dispuso que el comandante de la Policía Nacional realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrezca disculpas formales, dejando claro que ningún manifestante pacífico debe ser objeto de acciones que atenten contra su integridad.
EL LABERINTO DE LOS PROCESOS
El camino judicial ha sido tortuoso y marcado por retrasos. En la vía disciplinaria, la Procuraduría sancionó en noviembre de 2024 a Cubillos con una multa de 14 millones de pesos, una de las sanciones más leves posibles.
La familia y organizaciones de derechos humanos la consideraron una revictimización.
En mayo de 2026, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría declaró la nulidad del proceso: los hechos no podían tratarse como una simple falta propia del servicio policial, sino como una grave violación a los derechos humanos.
El expediente retrocedió y se reinició bajo el régimen disciplinario ordinario, con la expectativa de una sanción más severa.
En la vía penal, el panorama es aún más desolador.
A pesar de que el autor está plenamente identificado desde el primer momento y de que existe un dictamen forense de homicidio, más de seis años después no se ha realizado siquiera la audiencia de imputación.
La Fiscalía ha mantenido la investigación abierta; en 2026 se anunció un enfoque de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza, pero Cubillos sigue libre y, según reportes, activo en la institución.
Organizaciones como DHColombia han denunciado una “impunidad total” en este frente: no hay captura, no hay vinculación formal al proceso penal y no hay medida de aseguramiento.
La familia —la madre Jenny Alejandra Medina, la hermana Denis Cruz y el resto del núcleo— ha sostenido la lucha con constancia, apoyada por colectivos de derechos humanos y, en algunos momentos, por peritajes independientes (incluido un análisis británico que señaló que el disparo no fue accidental).
Tras el fallo de julio de 2026 reconocieron un avance, pero insistieron: “La justicia no termina con una sentencia. La justicia también se construye con memoria y con acciones que eviten que otras familias vivan el mismo dolor”.
IMPUNIDAD HASTA HOY…
El caso de Dilan Cruz permanece abierto en varias frentes. La condena administrativa a la Policía es firme y ordena medidas de reparación simbólica y económica.
El proceso disciplinario contra Cubillos se reinició con mayores exigencias. El proceso penal sigue sin avances decisivos hacia la responsabilidad individual.
Mientras tanto, la memoria de Dilan sigue viva en el lugar de los hechos.
Recientemente se generó polémica por el retiro de un árbol sembrado como homenaje en la calle 19 con carrera 4; la Alcaldía de Bogotá explicó que forma parte de un proceso de resiembra acordado con la familia.
Dilan Cruz se convirtió, desde aquella tarde de 2019, en símbolo de las protestas juveniles y de las denuncias por el uso excesivo de la fuerza.
Su muerte, documentada, filmada y peritada, aún espera que la justicia ordinaria cierre el círculo que la administrativa ya empezó a dibujar: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Crónicas de Macondo es un portal que analiza, desde la perspectiva de las crónicas y el periodismo narrativo, hechos de Colombia y el mundo. El autor de textos es el periodista Fernando Alexis Jiménez, quien publica la columna “Crónicas de Macondo” en medios impresos y digitales. @CrónicasdeMacondo
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