La Escombrera y la conexión con la Operación Orión, en Medellín

La forma en que asesinaron y desaparecieron a Arles Edisson Guzmán Medina encaja dentro de un patrón que los paramilitares impusieron en la comuna 13 durante los meses que duró la consolidación de la Operación Orión: subían a la víctima a lo más alto de la montaña, allá donde ya no había ni una sola casa y comenzaba un sinuoso terreno escarpado atestado de basura, arena y materiales de construcción.   

Con el cielo como único testigo, abrían un hueco en la tierra y ajusticiaban al señalado. Así lo hicieron una, y otra, y otra, y otra vez. “Se le daban dos disparos en la cabeza con pistola tipo 9 milímetros, entre dos muchachos lo enterraban en el hueco, porque como es una arenera allí siempre había una retroexcavadora (…) y se le tiraba tierra o escombros”.

Las comillas hacen parte de las confesiones de Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, alias “Aguilar”, un exparamilitar que reconoció el crimen y la desaparición de Arles, y que fue condenado el 26 de junio de 2019 por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada y reclutamiento ilícito.

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2002. Por las callecitas inclinadas del barrio 20 de julio de la Comuna 13 a Arles lo conocían como “el Pollo”. El apodo era apenas una consecuencia de su trabajo. Con su esposa Luz Enith Franco había logrado con mucho esfuerzo montar un asadero en una esquina que solía llenarse de comensales. 

La Operación Orión, que comenzó un mes antes, estaba en una etapa de consolidación. Según la Corporación Jurídica Libertad, la incursión militar que se ejecutó entre el 15 y el 16 de octubre dejó como resultado 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la fuerza pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 370 detenciones arbitrarias, 6 desapariciones forzadas registradas durante la operación y más de 100 en los días y meses posteriores. 

“El trabajo mancomunado entre la fuerza pública y paramilitares permitió la existencia de casas clandestinas de paso, a las que se llevaban selectivamente a personas que eran interrogadas, torturadas, asesinadas y luego desaparecidas”, dijo la abogada María Victoria Fallón en abril de 2016, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

Arles estaba en el asadero cuando dos hombres fueron en un taxi a buscarlo. Se lo llevaron en presencia de Luz Enith. “Aguilar” dijo que lo acusaban de ser colaborador de la guerrilla. Era la excusa que siempre usaban. El hueco en la tierra, los dos disparos en la cabeza con la 9 milímetros, la retroexcavadora, es algo que se repite y se repite en los crímenes que confesó el exparamilitar. Ninguna orden se ejecutaba sin la venia de Hernán Darío Aristizabal Ciro, conocido con el alias de “King Kong”, comandante de la zona. Lo llamaban por teléfono y él solo decía, “ejecuten”. 

En el documento de la fiscalía que resolvió la situación jurídica de “Aguilar” quedaron consignadas las pruebas que demostraban su militancia y vinculación con la comandancia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de su activa participación en la Operación Orión. “Se realizaron reuniones entre los comandantes militares del Bloque Cacique Nutibara, con personal de alto rango de la Policía Nacional y el Ejército, se planificó como estrategia la retoma de adentro hacia afuera, contando con la colaboración de alistadores y conductores de buses afectos al bloque para ingresar armas, munición, material de intendencia, uniformes, y medios de comunicación”.

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“No estábamos locas”

Adriana Bedoya lleva más de dos décadas intentando saber qué fue de la suerte de su sobrino Juan Camilo Marulanda Bedoya, a quien vieron por última vez el lunes 3 de mayo de 2002. Tenía 15 años y estaba cursando el bachillerato. “Ma’, voy para la esquina y vengo ahorita a almorzar”, fue lo que dijo cuando salió de la casa. 

Adriana es vocera de Mujeres Caminando por la Verdad, una organización de buscadoras que no han cedido en la lucha de visibilizar las historias de sus familiares. Justo en 2002, se registraron en esa misma comuna 116 casos similares a los de Juan Camilo, según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd). 

Orión es tal vez la acción armada más grande que ha adelantado la Fuerza Pública en una ciudad de Colombia. Fue ordenada por Álvaro Uribe durante su primer mandato. En septiembre de 2023, el expresidente se refirió a esos hechos en medio de una discusión con unos jóvenes en un parque de Medellín. “Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar a la guerrilla y a los paramilitares de allá”, dijo ante un grupo de muchachos que ondeaban una bandera alusiva a las 6.402 ejecuciones extrajudiciales que se cometieron durante su gobierno, según JEP.

Los cuestionamientos alrededor Orión están relacionados con el uso indiscriminado de la fuerza contra la población civil, la participación de grupos paramilitares en asocio con agentes del Estado y la creación de una fosa común en un vasto terreno montañoso de 75 hectáreas en la parte alta de la Comuna 13 que durante años fue utilizado como arenera y vertedero de escombros. Varias zonas de allí sirvieron como cementerios clandestinos, dice la sentencia de alias “Aguilar”: “Se pudo establecer según el relato del procesado, que las personas que fueron objeto de desaparición y ejecución por parte de los integrantes del bloque, eran inhumadas en La Escombrera, La Laguna, La Arenera y el Cebollal”.

El 14 de septiembre de 2013, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín determinó textualmente lo siguiente: “La situación de La Escombrera, donde se ocultaron y enterraron centenares de cuerpos de desaparecidos constituye una afrenta y una grave violación a los compromisos y deberes del Estado”.

“Está más que comprobado que allá sí los llevaban. Los ponían en las volquetas que subían con escombros, y allá los arrojaban. También los llevaban a que ellos mismos abrieran su fosa y ahí los metían. No era una mentira, por eso era el reclamo y la insistencia de que escarbaran para buscar esa verdad que tanto querían ocultarnos”, dice Adriana.

Después de seis meses de remover 36.450 metros cúbicos de tierra y desechos, el 18 de diciembre de 2024 la Ubpd y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmaron el hallazgo de los primeros restos óseos en La Escombrera. 

“La gente nos decía «ustedes están locas perdiendo tiempo ahí, dejen de decirle a la alcaldía que gaste en maquinaria para no encontrar nada, mejor pidan esa plata». Ahora podemos demostrar que siempre decíamos la verdad y no era por loquera que decíamos que allá había cuerpos de desaparecidos”, agrega la buscadora. 

Aunque no se han identificado aún los restos, el descubrimiento es una acreditación a las denuncias de las víctimas que durante años afirmaron que sí había cuerpos entre toneladas de tierra.

Gris escombros, gris pintura

Mientras en La Escombrera continúa la búsqueda de restos humanos, un episodio removió las más sensibles fibras de los familiares de las víctimas. 

El 30 de diciembre de 2024, Andrés ‘Gury’ Rodríguez, concejal de Medellín por el Centro Democrático celebró que la Alcaldía de Medellín hubiese borrado un mural con la frase “Nos están matando”, que estaba ubicado en la Avenida Paralela, cerca a la estación Acevedo del Metro. En respuesta, la pared fue pintada de nuevo con la misma frase. El pasado 8 de enero, el concejal, junto con un grupo de personas, borró una vez más el grafiti con pintura gris.

Ante las acciones de la Alcaldía y del concejal Gury, al día siguiente los grafiteros repintaron el mural con la frase “El arte no se calla”, acompañado de imágenes de Débora Arango, Pedro Nel Gómez y Jaime Garzón. 

En relación a los hallazgos de restos óseos en La Escombrera, el Colectivo Fuerza & Graffiti convocó para el 12 de enero la creación de un nuevo mural, esta vez con el apoyo de otros artistas, activistas, y ciudadanos.

El lugar a pintar fue el deprimido de la Terminal del Norte de Medellín y la frase escogida fue “Las cuchas tienen razón”. Un integrante del colectivo le dijo a VORÁGINE que la intención era “reconocer la lucha de las madres buscadoras que por años han dado ejemplo de resistencia buscando a sus seres queridos desaparecidos”. Del mural también hizo parte una imagen del expresidente Uribe rodeado de calaveras y acompañado de la frase “Yo di la orden”. 

El 13 de enero, la Alcaldía de Medellín borró el mural sin mediar ningún tipo de discusión con los artistas. El alcalde Fico Gutierrez dijo en su cuenta de X que “una cosa es el grafiti como expresión artística (…) Otra cosa muy diferente es el desorden y quienes simplemente quieren generar caos y poner fea y sucia la ciudad”.

Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, piensa que borrar los murales “es una evidencia de esa cultura paisa autoritaria, traqueta, negadora de los hechos, que justifica la violencia contra determinada parte de la sociedad. Es una idea de que hay víctimas buenas y malas, victimarios buenos y malos, narrativas buenas y malas”. 

El guionista y periodista Juan Guillermo Isaza, que participó del informe Medellín: Memorias de una Guerra Urbana, cree que ese intento de negar la historia del conflicto también se ve reflejado en los medios de comunicación, y junto al borrado del grafiti, genera revictimización.

Eso sucede, “cuando una persona como Néstor Morales (refiriéndose al director de Mañanas Blu) sale sin ningún pudor a sugerir que los cuerpos de las víctimas fueron colocados por sus familiares. El hecho en sí mismo de borrar un mural no revictimiza, pero se articula con un relato revictimizante y unen fuerzas para acallar una voz que quiere sacar a la luz hechos muy dolorosos”, afirma. 

La posición de la Alcaldía de Medellín ha sido la de explicar que la intervención sobre los murales ha obedecido a un asunto de permisos, que no fueron gestionados antes de su creación. Para ello citan el Acuerdo 010 de 2020 de Arte Urbano Gráfico. 

Uno de los creadores de ese acuerdo municipal fue Wilmar Martínez, que fue consultor del exconcejal Daniel Carvalho. A VORÁGINE le dijo que “el trámite que se pensaron para los permisos es absolutamente ineficiente y lento. Es un formato gigante que los artistas no van a diligenciar y por eso la mayoría de intervenciones se hacen sin permiso”. 

Incluso si fuera sencillo el trámite, los grafiteros hablan del carácter contestatario de las intervenciones que realizan, y por eso rechazan tener que pedir permisos.  “El grafiti no podrá ser burocratizado ni controlado. Ningún acuerdo podrá actuar como un comité de censura diciendo qué, cómo y cuándo se puede pintar; qué es arte y qué no; y mucho menos evaluar las pintadas sólo desde criterios estéticos que obedecen a la mercantilización del grafiti como un instrumento de gancho turístico”, explica un integrante de Arte & Graffiti en nombre del colectivo.

Una pesadilla que no termina

La última vez que Margarita Restrepo escuchó la voz de su hija Carol Vanessa fue a través de un teléfono. Carol la llamó para pedirle permiso de encontrarse con sus compañeros en la Comuna 13, la zona donde creció, pero que su familia tuvo que abandonar para escapar de los enfrentamientos entre bandas. 

Al principio Margarita se negó, pero la insistencia de su hija y la plancha caliente que la esperaba para seguir trabajando terminaron por convencerla. “Vaya, pero no se me demore”, le dijo.

Era 25 de octubre de 2002. Había transcurrido una semana desde la Operación Orión, por eso, cuando Margarita colgó, le vino una sensación de desasosiego que se le clavó en el corazón. Salió temprano de su trabajo con la esperanza de que al llegar a su casa Carol Vanessa ya la estuviera esperando, pero eso nunca ocurrió. Su niña, su mano derecha, su ayudante principal no aparecía por ninguna parte.

Margarita, que también es integrante de Mujeres Caminando por la Verdad, lleva 22 años de búsqueda. Su imagen ha estado en el centro del debate pues su rostro quedó plasmado en el mural de “Las cuchas tienen razón” que fue borrado por la Alcaldía. 

“En lo personal me dolió y en lo colectivo me indigné, porque me parece muy triste que se quiera borrar la memoria. Lo que uno quiere expresar tiene derecho a plasmarlo en un muro, en un cuaderno, en una canción, en un poema, entonces por qué nos quitan ese derecho si esto es algo muy importante, es rectificar que siempre tuvimos la razón”, dice. 

Esa tristeza menguó cuando el mural fue pintado nuevamente el 15 de enero. Esta vez no solo fue la cara de Margarita Restrepo la que hizo parte de un grafiti. La imagen fue más grande e incluyó los rostros de más buscadoras y buscadores. 

A eso de las seis de la tarde cerca de treinta personas pintaban con brochas, pinceles y rodillos de todos los tamaños; unos cortos y otros que alargaron con palos de escoba y tubos para alcanzar las partes más altas. En el ambiente se respiraba un olor a pintura y se escuchaba, además de los pitos de los carros, tambores y cantos. 

“En el segundo muro lo que hicimos fue mandarle un mensaje a los censuradores: no nos vamos a callar, no vamos a dejar de pintar y de hacer arte. Por eso lo pintamos más grande, nos comimos ambos lados del deprimido con la misma frase y retratamos a más víctimas, buscamos que ellas y sus luchas tengan todo el protagonismo”, dice el integrante de Arte & Graffiti que habló con VORÁGINE.

Al día siguiente de la desaparición de Arles, Luz Enith recibió una llamada en la que le dijeron que su esposo estaba bien y que regresaría pronto. Pero los días transcurrieron y las noticias no llegaron. El 2 de diciembre del mismo año, el desespero llevó a esta mujer hasta una finca del corregimiento de San Cristóbal, en límites con la Comuna 13, donde funcionaba una base paramilitar. 

La gente decía que aquel era el refugio de “King Kong”, el lugar desde donde ordenaba los ajusticiamientos. Un paramilitar le dijo a Luz Enith que el comandante no estaba, y le dio cinco minutos para que se fuera, no sin antes advertirle que “no se preocupara por nada, que a su esposo se lo mandaban picado entre bolsas de basura”.

Solo a través de las confesiones de alias “Aguilar”, Luz Enith logró saber de la suerte que corrió su esposo ese día que fue obligado a montarse al taxi. Tras años de litigio y de un trabajo dispendioso de la abogada Fallon y de varias organizaciones de derechos humanos, la CIDH condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de Arles. En uno de los apartes, el tribunal ordenó que se continuara con las investigaciones y el proceso penal, como un modo de reparación. El capítulo de horror de La Escombrera está lejos aún de cerrarse. Las evidencias, sin embargo, ya indican que las cuchas tenían razón.

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