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Desesperado por ganar las elecciones, tanto en las corporaciones públicos como las presidenciales, el mandatario sin legitimidad, Iván Duque Márquez, se dio a la tarea de promover una feria de nombramientos. Son más de 1.400 cargos. Ocurre solo en Colombia.
Por Arlene Tickner, Catedrática Universitaria – Publicado originalmente en El Espectador
Entre los días sin IVA programados “coincidentemente” alrededor de las elecciones legislativas y de la segunda vuelta presidencial, los más de 1.400 nuevos cargos públicos creados antes de la entrada en vigencia de la (truncada) ley de garantías, revelados por Noticias Uno y los más recientes nombramientos hechos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es difícil no ver un intento vulgar por influenciar los resultados electorales mediante el uso de dineros públicos.
En el caso específico de la Cancillería, la feria de puestos diplomáticos no es atípica, tristemente, sino que constituye un patrón general del clientelismo en Colombia.
Todo presidente, sin distingo personal, ideológico o coyuntural, ha manoseado el servicio exterior para retribuir favores, asegurar lealtades y premiar familiares y amistades. Sin embargo, hay varios matices que distinguen al gobierno de Iván Duque.
Como ocurrió en tantos otros espacios de la gestión gubernamental, en los que primaron el bla, bla, bla y la mentira sobre la concreción de resultados, Duque hizo gala al inicio de su administración de la necesidad de despolitizar y perfeccionar el cuerpo diplomático colombiano.
Para esto, tanto él como su entonces ministro, Carlos Holmes Trujillo prometieron aumentar el porcentaje de embajadores de carrera más allá del mínimo establecido por el decreto 274 de 2000, equivalente a tan solo el 20%, reforzar los requisitos poco exigentes de experiencia para quienes se nombran por discreción presidencial, y reformar la Carrera Diplomática y Consular.
Nada de esto se materializó e incluso, la participación de funcionarios profesionales en cargos directivos se redujo a mínimos históricos.
La ráfaga de asignaciones provisionales realizadas en embajadas y consulados a pocos meses de las elecciones y del cambio de mando ejecutivo es impúdica en términos políticos y fiscales.
Cientos de millones de pesos devaluados deberán invertirse en el traslado e instalación de ida y regreso de tres nuevos embajadores y 17 funcionarios nombrados en otros cargos junto con sus familias, pese a que todos tendrán que renunciar prácticamente al aterrizar en sus destinos. Mención aparte merece la sede en Estados Unidos, en donde son siete los recién favorecidos, probablemente por la obsesión irrealista de Duque de concretar la cita con Biden.
Aunado a lo anterior, la mayoría de los designados en el extranjero y en la planta interna se destaca por una notoria falta de credenciales.
Además del polémico nombramiento de un joven abogado sin experiencia como director general de Protocolo, cargo esencial en el mundo de la diplomacia, quienes ocupan la Academia Diplomática, supuesto centro de formación y de pensamiento, la dirección de Derechos Humanos y la secretaria general brillan por su insuficiencia.
Igualmente, inquietante, como reporta Laura Gil en La Línea del Medio la célebre jefe de gabinete de Duque también ha agarrado funciones internacionales claves, incluyendo el acompañamiento de los viajes presidenciales, socavando el rol de la Cancillería y de sus profesionales de carrera.
Por más que los asuntos internacionales nunca ocuparán el centro del debate público en Colombia, la feria del aparato diplomático no puede seguirse ignorando, sobre todo en una coyuntura nacional tan crítica como la actual en la que la imagen del país y los réditos asociados a ella han sufrido un deterioro palpable. ¿Qué piensan los candidatos presidenciales al respecto?
NOTA IMPORTANTE: El presente artículo compromete solamente al autor ya que no necesariamente interpreta el pensamiento del movimiento sugoviano.
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