La implementación de los acuerdos de paz y el asesinato de líderes sociales

Tomado del Portal VerdadAbierta.Org

La más reciente investigación del programa no gubernamental Somos Defensores, ¡Agúzate! Que nos están matando, publicada este jueves y que toma prestado el nombre de una famosa canción de salsa, inicia con el triste tono de una alerta desperdiciada: “Lo que en 2016 parecía una mala premonición, hoy es una delicada realidad: hay un importante incremento de homicidios y ataques contra la vida e integridad física de los defensores y defensoras de los DD.HH. en Colombia. Y no es que esta violencia sea nueva”.

Tal y como advierte esa organización, que desde 2002 documenta las agresiones que sufren los líderes sociales en todo el país, a pesar de sus advertencias y de las de otras entidades, tanto de la sociedad civil, como estatales e internacionales, en los primeros seis meses de 2017 aumentaron nuevamente los asesinatos de defensores de derechos humanos.

Aunque suene paradójico, cuando el conflicto armado interno bajó a niveles históricos y la guerrilla más antigua del continente le entregó sus armas a la ONU, los asesinatos de líderes sociales se dispararon a niveles alarmantes. Según Somos Defensores, en el primer semestre de este año fueron asesinados 51, lo cual representa un incremento del 31 por ciento, si compara con los 35 que ocurrieron en los primeros seis meses de 2016.

Si se mantiene esa tendencia, el panorama a final de año será más desalentador. En todo 2016, Somos Defensores registró y documentó su cifra más alta de asesinatos, 80 casos; pero, tal y como van las cosas, 2017, el año en el que se acabó una guerra de más de 50 años de duración con la guerrilla más grande del país, podría terminar con 102 defensores de derechos humanos muertos, toda una tragedia.

Sobre los casos documentados, el informe estableció que 44 corresponden a hombres y siete a mujeres; que nuevamente los liderazgos más golpeados son los de Cauca y Valle del Cauca (cada uno con ocho asesinatos), seguidos por los de Antioquia (7), Cesar (5), Nariño (3) y Chocó, Córdoba, Meta y Norte de Santander (cada uno con dos); y que siete víctimas denunciaron previamente amenazas en su contra.

En cuanto a su ejecución, Somos Defensores encontró que 36 se perpetraron con armas de fuego, siete con arma blanca, uno a golpes, otro producto de violencia con un objeto contundente y en seis se desconoce el mecanismo utilizado para el asesinato. Además, siete casos estuvieron precedidos por la desaparición del defensor derechos humanos y los cuerpos de seis víctimas presentaban “signos de tortura con extrema sevicia”.

Entre ellos, destaca el caso de José Yimer Cartagena Úsuga, líder de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas), Córdoba, quien fue asesinado el 10 de enero: “Fue raptado y posteriormente se encontró su cuerpo con 32 puñaladas y signos de tortura ya que le sacaron la lengua y arrancaron las uñas. Esta forma de asesinato denota mecanismos de tortura y violencia muy similares y que no se veían desde la época de la violencia partidista de los años 50 con el conocido “corte de corbata” en el que se sustraía la lengua de la víctima por medio de una perforación hecha en el cuello”.

Asimismo, establece que los liderazgos más golpeados fueron los asociados a Juntas de Acción Comunal, a trabajos comunitarios en áreas rurales y a procesos campesinos, pues 28 de los 51 defensores de derechos humanos asesinados en los seis primeros meses del año se desenvolvían en esos espacios. Y destaca que el número de líderes indígenas asesinados descendió, “ya que por años fueron el primer puesto en esta tabla”.

El documento también advierte que siguen siendo evidentes los altos niveles de planeación y seguimiento de los asesinos: “En el 80% de casos, se evidencia que los crímenes se presentan en las primeras horas de la mañana o en altas horas de la noche cuando los líderes salen hacia su trabajo o regresan de él o se encuentran descansando, e incluso varios de ellos fueron precedidos de la desaparición del líder”.

Por otro lado, Somos Defensores también recopiló otra serie de agresiones, que, sumadas a los 51 asesinatos, alcanzan las 335 que pusieron riesgo la vida e integridad y obstaculizó “la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos en Colombia”. El siguiente gráfico compara los hechos ocurridos en los primeros semestres de 2016 y 2017.

Para Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, que recopiló cada una de las 335 agresiones expuestas en el informe, la dinámica actual obedece a la aplicación del Acuerdo de Paz y la consecuente salida de las Farc de las regiones en donde tuvieron presencia histórica.

“En 2014 hicimos un proceso comparativo de protección de defensores de derechos humanos en países donde se hicieron acuerdos de paz y encontramos que se dispararon los homicidios y los ataques contra los activistas, porque hay una focalización de la violencia contra estas personas, ya que son los que tienen información, contactos y visibilidad en lo local”, le dijo a VerdadAbierta.com. Y agregó que “cuando se van las Farc, queda un vacío de poder y llegan otros grupos, de diversos sectores, porque nosotros queremos bajarle al tema de que está la mano del paramilitarismo por todas partes, ya que aquí hay muchos actores y es muy complicado poder discernir quiénes son los responsables de los asesinatos”.

Ese planteamiento coincide con algunas tesis que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha expuesto en diferentes escenarios, las cuales sostienen que los líderes sociales enfrentan una amenaza que va más allá del paramilitarismo: “En la FIP hemos insistido en que estas agresiones deben ser leídas según el contexto y el tipo de reivindicaciones que movilizaba cada líder. De igual forma, creemos que los responsables son múltiples y que no se debe descartar que en algunas regiones exista un patrón de violencia selectiva, pero en otras se trate de violencia oportunista guiada por ajustes de cuentas, venganzas y otras motivaciones personales”.

Otro planteamiento es el de David Flórez, vocero del Movimiento Marcha Patriótica, que desde su fundación hace unos cuantos años, ha sufrido el asesinato de más de 120 de sus integrantes. Para él, no es coincidencia que la ola de asesinatos de encuentre en su pico más alto justo cuando el proceso de paz con las Farc ha dado resultados concretos.

Y por ello esgrime dos factores: “El primero responde a que la extrema derecha, que está en contra del proceso de paz y que en la medida en que avanza se vuelve más agresiva; el segundo evidencia que el Estado ha sido incapaz de llegar a los territorios, necesitamos que tenga presencia institucional de diversa índole en las regiones, para consolidar el monopolio de la fuerza, de tributo y judicial”.

Además, señala que, con estas muertes, sumadas a las de los excombatientes de las Farc que se acogieron al proceso de paz, se puede “estar perdiendo una posibilidad histórica de consolidar un Estado más moderno”. Y cuestiona que si el Estado “ni si quiera le puede garantizar la vida a quienes se han reincorporado políticamente a la vida legal, qué se puede esperar de la implementación de otros puntos del Acuerdo Final. Si no se protege la vida, puede fracasar la paz. Hay que evitar que los cíclicos de violencia en Colombia continúen, porque podemos estar asistiendo a un momento que ya se ha vivido en otros procesos de paz”.

Por otro lado, para Leonardo González, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que a pesar de las diferencias metodológicas respecto a Somos Defensores también ha registrado un alarmante aumento en los asesinatos de líderes sociales (43 en el primer semestre de 2016, frente a 67 en el de 2017), los hechos actuales pueden ser comprendidos por la afluencia de conflictos que estaban en segundo plano por la confrontación armada con las Farc.

“La lectura que hacemos es de temas de luchas de territorios, las luchas de la gente, especialmente de comunidades indígenas, de restitución de tierras, de temas de minería. Se ha visto un reacomodo nuevo en los territorios con algunos poderes locales, queriendo hacer control territorial. Es una respuesta a los conflictos que se han vendido dando, uno de los conflictos era el armado, pero la gran mayoría son sociales, ambientales, de tierras. Es una respuesta a todos esos conflictos que se han venido dando”, declaró a este portal.

Ese planteamiento también es compartido por Guevara: “Cada vez más hay más líderes que están asociados a peleas que antes no se veían y por las que resultan golpeados. Por ejemplo, los líderes medioambientales, donde están los temas de tierras, agua y minería. Esas violencias antes no eran tan evidentes y ahora se recrudecen porque estamos en un pulso. Pocas instituciones se atreven a decir que en las regiones hay unos pulsos terribles para controlar el poder y justo en la mitad están estos líderes. No hay una única lucha”.

Las lecturas y las miradas son diferentes, pero la realidad es la misma: a pesar de las denuncias y de los esfuerzos de algunas entidades como la Defensoría del Pueblo que emitió un informe de riesgo sobre el peligro que afrontan 337 organizaciones sociales en 265 municipios; de la Procuraduría General de la Nación que produjo una directivapara mitigar el riesgo de los defensores de derechos humanos; de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que ha documentado decenas de casos que han sido utilizados como insumos de investigación por la Fiscalía; y de los diversos informes que producen organizaciones de la sociedad civil, la cifra de asesinatos no merma y va en ascenso.

Para hacerle frente a ese drama, Somos Defensores hace un llamado “a la autoprotección entre los defensores y defensoras, a coadyuvar en el cuidado mutuo entre activistas ante una pasiva protección estatal, una nula prevención de estas violencias y un mínimo avance en las investigaciones por estos crímenes”.