
Si el negocio es tan bueno ¿Por qué ambas entidades, en alianza público-privada, no participan de la operación de la terminal aérea, y generan músculo financiero para el territorio?
Desde septiembre de 2024 la Aerocivil opera el aeropuerto Ernesto Cortissoz que sirve a Barranquilla, tiempo durante el cual no se ha presentado ninguna novedad con la administración de esa terminal aérea.
El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón es administrado desde el año 2000 por Aerocali, una firma privada tras la cual están Corficolombiana de Sarmiento Angulo y la española AENA, cada una con una participación cercana al 50%, y cuyo contrato finaliza en agosto de 2025.
Bastante escozor ha causado en la alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y algunos gremios de la región, el anuncio del gobierno nacional de asumir temporalmente la operación del Bonilla Aragón.
SUBESTIMARON CAPACIDAD DEL ESTADO
Desde ambos gobiernos parecieran subestimar la capacidad del Estado para la prestación de servicios públicos, lo que resulta paradójico pues el alcalde y la gobernadora son las actuales cabezas y garantes del Estado distrital y departamental.
Sus deberes pasan por defender la capacidad del sector público para la administración y operación de este y otros servicios, y no para estigmatizar de que si no es privado no funciona, no sirve o no es viable.
UNA POSICIÓN SESGADA
Una posición sesgada hacia lo privado, donde también se equivocan. Muestra de ello es el incidente ocurrido recientemente, cuando un individuo burló la seguridad y logró escalar una luminaria de 12 metros, desde donde amenazó con lanzarse al vacío; una emergencia que por poco termina en tragedia y paraliza la operación de la terminal aérea.
Esta contingencia, advierten los expertos en seguridad aérea, le pasará factura a la administración del aeropuerto, que, por este incidente, terminará mal calificado por organismos internacionales.
La propuesta del gobierno nacional para operar temporalmente el Bonilla consiste en una transición en la que se invertirán cerca de 10 millones de dólares para mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y operación de esta infraestructura. En paralelo, la ANI continuará el proceso para encontrar un nuevo operador y adjudicar la concesión.
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