Sugov
Por Carlos Julio Díaz Lotero
Director General ENS
Así como el proyecto de PND no considera los acuerdos de las negociaciones que se desarrollan en La Habana entre el Gobierno y las Farc, ni prevé los desarrollos legales e institucionales que se deben implementar para la consolidación de los mismos, en materia laboral no contempla las recomendaciones de los órganos de control, ni de la misión de Alto Nivel de la OIT, ni los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Laboral con el Gobierno de EE.UU, como tampoco el Acuerdo Colectivo Nacional suscrito el 16 de mayo de 2013, resultante esta última de la primera negociación en derecho adelantada entre el Gobierno Nacional y las centrales y federaciones estatales, y las sentencias de la Corte C–614 del 2009 y C–171 de 2012.
Una mirada a los temas laborales en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se discute en el Congreso desde el enfoque de Trabajo Decente, nos muestra que una política pública en tal sentido seguirá siendo una cuestión más enunciativa que transformadora de la realidad laboral. Una realidad cuyos indicadores son bastante precarios: informalidad del 66%; el 30% de la población ocupada con formas de contratación y tercerización ilegales; grandes restricciones a los derechos de libertad sindical, prueba de ello es una afiliación sindical inferior al 5% y una cobertura de la negociación colectiva del 6% (incluyendo los desarrollos recientes en el sector público); una gran debilidad institucional en las funciones de inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo; la persistencia de una cultura de violencia antisindical y altos niveles de impunidad.
Para empezar, las metas del proyecto de PND en indicadores de Trabajo Decente y desigualad son bastante pobres, como lo muestra el siguiente cuadro:
Reducir el indicador GINI de desigualdad de 0.54 a 0.52, aumentar la tasa de formalización laboral en 2%, mantener la tasa de desempleo de jóvenes y femenina por encima de dos dígitos, y un avance marginal en la tasa de cobertura en seguridad social, expresan el poco compromiso del proyecto de PND y del gobierno Santos con una agenda que haga sostenible y duradera la paz que se pretende construir a partir de los acuerdos de La Habana.
Adicional a lo anterior, el proyecto de PND, denominado “todos por un nuevo país, tiene varios obstáculos que dificultan avances en el logro de Trabajo Decente, como los siguientes:
1- El ajuste fiscal que pretende resolver el impacto negativo de la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso, mediante una contracción de la planta de personal del sector público, una política salarial restrictiva y ningún compromiso en concertar una estrategia de formalización laboral en el Estado, como se expresa en la respuesta gubernamental al pliego nacional de las federaciones sindicales del sector público.
2- Insiste en políticas que han desmantelado la industria y la agricultura, y generado un cuantioso déficit de 6% del PIB en cuenta corriente, impulsando altas tasas de crecimiento que generan poco empleo y precarizan el existente. Por ejemplo, se mantiene la importancia del extractivismo minero–energético dentro de la dinámica de la economía y las finanzas públicas; se da continuidad a la agro-industria de exportación del PND 2010 -2014 como locomotora del desarrollo; se continua dependiendo de la inversión extranjera como motor económico; se insiste en un modelo orientado a los mercados externos y no en el fortalecimiento de la demanda interna. Se plantea explícitamente que el desarrollo depende de las exportaciones a los países con los que tenemos acuerdos de libre comercio, cuando las cifras de comercio exterior y de empleo nos dicen otra cosa. Es decir, neoliberalismo refrito.
3- Si bien el proyecto de PND plantea que la creación de empleo y la inclusión productiva se harán en el marco del trabajo decente, existe cierta ambigüedad en este propósito cuando plantea que “debe ampliarse el concepto de relaciones laborales, de manera que cobije todos los tipos de vinculación laboral. Esto requiere entre otras acciones la actualización del marco normativo laboral, de manera que se ajuste a las condiciones actuales del mercado de trabajo”. En vez de ajustar la realidad laboral al marco normativo, se pretende reformar el marco normativo para ajustarlo a la realidad laboral. El camino correcto debe ser que el país cumpla las recomendaciones de los órganos de control de la OIT en materia de libertad sindical, lo que implicaría una reforma al Código Sustantivo del Trabajo de manera concertada entre los diferentes actores del mundo del trabajo.
4- En el Artículo 72 del proyecto de ley del PND se dice: “El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, adoptará la política nacional de trabajo decente… También fijará las reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización”. Es positivo que el proyecto adopte la política nacional de trabajo decente, pero la parte subrayada genera cierta ambigüedad por la similitud con el discurso de los gremios económicos, que plantean que todas las actividades de las empresas se pueden tercerizar con la única condición de respetar los derechos laborales. Esto se opone al artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 que de manera clara prohíbe la tercerización de actividades misionales.
5- Se proponen objetivos para masificar la negociación colectiva, tanto pública como privada, con acciones muy vagas, como “El Ministerio del Trabajo deberá generar instrumentos para garantizar los procesos de negociación colectiva…”. “Se garantizarán los derechos de asociación de los trabajadores y la protección a las organizaciones sindicales y sus miembros”. Pero nada dice de los compromisos del Plan de Acción Laboral, ni de las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel de la OIT, ni cuál es la estrategia del Ministerio de Trabajo y del Estado para formalizar el trabajo y garantizar el respeto al derecho de asociación, como pasos previos al derecho de negociación colectiva.
6- En el proyecto de PND se plantea “Fortalecer la inspección, vigilancia y control del trabajo”, pero no seincluye uno de los compromisos contenidos en el Plan de Acción Laboral, que es el reforzamiento del Ministerio de Trabajo con más inspectores, mejor remunerados, capacitados y especializados, para el sector minero, para el sector de infraestructura, para el sector de comunicaciones, entre otros.
Si el éxito de las negociaciones de La Habana o la construcción de la paz y su sostenibilidad en caso de la firma de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado, dependen del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018, no es posible albergar mayores esperanzas de una Colombia equitativa y en paz, construida a partir de una cultura y política pública de trabajo decente.
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