Fernando Alexis Jiménez
Los procesos adelantados por la JEP, se ha facilitado audiencias de reconocimiento de verdad, investigaciones macro –como falsos positivos, secuestros, desapariciones forzadas—. La jurista Ana María Rodríguez analiza propuesta de acabar esta instancia.
Muchos de quienes participaron en la guerra irregular en Colombia, fueron condenados mediante sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Por eso, pretender acabar con esta instancia jurídica como lo plantea el presidente electo, Abelardo De la Espriella, en el marco del conflicto armado que ha querido superar Colombia, sería un error.
Ana María Rodríguez es la presidente la Comisión Colombiana de Juristas CCJ). Desde su perspectiva, darle el brochazo final a la JEP daría al traste con el proceso de justicia que tiene como soporte el Acuerdo de Paz que forma parte del Bloque de Constitucionalidad.
No se podrán investigar y juzgar crímenes del conflicto armado, con participación de víctimas y comparecientes –exguerrilleros, miembros de la fuerza pública y terceros–.
“Sería tanto como una amnistía para todos ellos”, anotó la profesional en derecho.
LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS
A través de la JEP se le dio vida a la voz de las víctimas, pero, también, se escuchó a los responsables del conflicto armado interno. Esto permite avanzar en derechos como la verdad, la justicia restaurativa y la reparación, centrando a las víctimas.
“No es conveniente volver atrás. No se puede desconocer que la JEP ha proferido condenas, incluyendo contra exjefes de las FARC”, anota la profesional.
Resaltó que se trata de la sanción restaurativa más alta en ciertos contextos, valorando el reconocimiento de responsabilidad y las medidas de reparación. Esto contrasta con la justicia ordinaria, que podría imponer penas más largas, pero sin el componente restaurativo.
Precisa además que “La jurisdicción ha facilitado audiencias de reconocimiento de verdad, investigaciones macro (como falsos positivos, secuestros, desapariciones forzadas) y contribuciones a la memoria histórica del país“
La esperanza de millares de colombianos está cifrada, más que acabarla, en el afianzamiento de esta figura del Estado.
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LA VERDAD SALE A LA LUZ
Con fundamento en los procesos adelantados por la JEP, se ha facilitado audiencias de reconocimiento de verdad, investigaciones macro –como falsos positivos, secuestros, desapariciones forzadas—y algo que Ana María Rodríguez pondera, es que se han visibilizado patrones de violencia, como la desaparición forzada y la violencia sexual contra las víctimas.
De esta manera, anota, se ha podido dignificar a las víctimas. Un avance de mucha significación.
A diferencia de la justicia punitiva tradicional, la JEP prioriza la verdad, reparación y no repetición.
Esto ha permitido que algunos comparecientes reciban penas alternativas a cambio de confesión y contribución, lo que, según la jurista, acelera el cierre del conflicto y evita impunidad total.
CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES INTERNACIONALES
La Comisión Colombiana de Juristas que preside Ana María Rodríguez, considera que la JEP cumple estándares de justicia transicional avalados internacionalmente.
Su eliminación podría interpretarse como incumplimiento de compromisos del Acuerdo de Paz, generando responsabilidades ante instancias como la Corte Penal Internacional o la CIDH.
Precisó que los logros de la JEP radican en su capacidad para combinar justicia con verdad y reparación en un contexto de transición, priorizando a las víctimas y evitando la impunidad absoluta o el olvido.
Eliminarla no solo borraría avances concretos (sentencias, reconocimientos, participación), sino que retrotraería el proceso de paz a un escenario de mayor incertidumbre judicial y responsabilidades estatales.
Fernando Alexis Jiménez es periodista y publica la Crónicas de Macondo en medios impresos y digitales. @CrónicasdeMacondo
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