Fernando Alexis Jiménez
Pasados muchos años, más de veinte, persiste la impunidad en el caso de la masacre de Bahía Portete. Estado aún no repara a las víctimas.
Sobre la eventualidad de que se produjera una masacre se especuló mucho y, aunque hubo quienes pensaran que se trataba de meras especulaciones, la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales se materializó entre el 18 y 20 de abril del 2004, en Bahía Portete, en la alta Guajira.
Desde entonces, Rolan Fince, autoridad indígena de la región, no se cansó de decir—donde lo escuchaban—que esa tragedia se pudo evitar.
Pero nadie lo quiso escuchar ni prestar atención a sus advertencias, que calificaban de paranoia.
Los hechos se atribuyeron a por lo menos 40 hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al frente de los comandos, estaban José María Barros Ipuana, alias “Chema Bala”; Arnulfo Sánchez, alias “Pablo”; y Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40″, quienes arremetieron contra las rancherías del puerto.
Al menos 12 indígenas murieron, más de 30 fueron desaparecidos, cerca de 600 se vieron obligados a desplazarse. Y algo más grave para la tradición de esas comunidades: los cementerios familiares, donde históricamente se habían ubicado y donde permanecían sus antepasados, fueron profanados.
Al evocar la muerte de los líderes y lideresas, Rolan Fince señala que “El Estado fue el culpable de esta masacre“.
Aunque en la región estaban el Ejército, la Policía y el DAS, los paramilitares llegaron a acabar con la comunidad.
El crimen múltiple, documentado con testimonios, fue presentado en el 2006 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La representación de la población indígena la llevó la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), lograron que el despacho declarara, en 2017, la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado de 490 personas de la comunidad.
Demostraron que el Ejército Nacional estaba plenamente enterado sobre la amenaza concreta que se cernía sobre la población civil de Bahía Portete.
CUANDO EL PARAÍSO SE TIÑÓ DE SANGRE
Con motivo del trágico insuceso, se grabó y difundió ampliamente el documental “Unidos después del sufrimiento”, producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Bahía Portete está ubicada en el extremo norte de La Guajira (entre el Cabo de la Vela y Punta Gallinas), es un santuario natural de aguas cristalinas que contrasta con el desierto.
Alberga ecosistemas únicos como manglares y arrecifes, y es un territorio ancestral de gran importancia cultural para el pueblo indígena Wayuu
De acuerdo con los especialistas, es una de las bahías más profundas y protegidas del Caribe, con una extensión de 125 km².
Está compuesta por fondos sedimentarios, praderas de pastos marinos, formaciones coralinas, manglares y playas solitarias.
Debido a su inmensa riqueza ecológica, fue declarada Área Protegida (Parque Nacional Natural Bahía Portete – Kaurrele).
Tras la declaratoria del Estado como responsable, más de 200 familias alcanzaron a recibir parte de la indemnización.
Sin embargo, en 2019, en el gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Defensa, encabezado en ese momento por Guillermo Botero, formuló un recurso extraordinario de revisión contra la sentencia que obligaba a la Nación a reparar a las víctimas de Bahía Portete.
Por ese hecho, la reparación económica quedó detenida.
Cuatro años después, los pagos de 111 familias, más las nuevas acreditaciones, siguen suspendidos debido a que no se ha resuelto el recurso.
PERSISTE EL CONFLICTO
Veintidós años después de la masacre, persiste la situación de conflicto en Bahía Portete. Todo por cuenta del enfrentamiento entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el ELN.
La zona es un punto estratégico para el tráfico de armas y drogas.
Los pobladores a diario se enfrentan al cobro de retenes en la vía por llevar agua, alimentos o útiles sanitarios a la comunidad.
Estos retenes son imposibles de pagar, pues las familias solo logran subsistir con el diario vivir.
“En Bahía Portete aún estamos viviendo una masacre, no tenemos acceso a nada. Es una masacre continua la que vivimos”, coinciden en asegurar líderes de la región.
“No hay agua y los niños dejan de ir a clases por la misma desnutrición que muchas veces les imposibilita caminar”, asegura el docente, Gaspar José Iguarin.
El panorama es tan complejo que para conseguir agua debe contratar un carro o una moto.
Cobran entre $89 y $100 mil en dos días para traer agua desde Uribia.
¿Bastante? No.
Solo 15 litros de agua para brindarle a los 13 niños que van a clase.
Adicionalmente deben pagar los “impuestos” a los paramilitares para poder transitar la vía con estos utensilios.
En 2004, Bahía Portete ya tenía un centro de salud, el cual fue destruido por los paramilitares.
En ese tiempo también estaban gestionando con las instituciones tener acceso a agua potable.
Después de 20 años, el Estado no les ha devuelto el hospital, la energía se utiliza con linternas recargables y en el 2023 duraron más de cinco meses sin recibir carrotanques con agua potable, según cuenta el líder.
Fernando Alexis Jiménez es periodista y publica la columna “Crónicas de Macondo” en medios impresos y digitales.
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