Sugov
Por Luis Eduardo Carvajal Pérez, dirigente sugoviano.
Desde el pasado 24 de mayo, representantes de pueblos originarios y organizaciones comunitarias afrodescendientes, bloquearon la vía férrea, a la altura del puente en Albania, La Guajira, para exigir la reparación integral, reubicación y reconstrucción del Pueblo Tabaco y otras comunidades, gravemente afectadas por las actividades de la mina de carbón El Cerrejón.
PARÁLISIS
La acción, que paraliza de manera total los trabajos de la mina, es encabezada por el Consejo Comunitario Bárbaros Hoscos Negros Cimarrones de Tabaco, el Consejo Comunitario de Familias Agrocolombianas de Chancleta, (Conechan), es producto de la larga lucha de las comunidades contra este proyecto minero, uno de los más grandes de América Latina, pero que históricamente les ha causado enormes perjuicios.
DEMANDAS
Las organizaciones participantes demandan la implementación de sentencias judiciales, como la Sentencia 329 de 2017 y la T-704 de 2016, que ordenan la reparación y reubicación del Pueblo Tabaco tras el despojo sufrido por la expansión minera en la zona.
Según los manifestantes, el cumplimiento de estas decisiones resulta indispensable para garantizar la restitución del territorio, la reconstrucción física de los pueblos y la recuperación de la flora y fauna ancestrales.
LUCHA POR SUS DERECHOS
El comunicado divulgado por la Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz (Msmea-P) detalla que las exigencias incluyen la reubicación y reasignación de territorios propios conforme a las nuevas realidades de la diáspora del Pueblo Tabaco, el repoblamiento de especies autóctonas y la reconstrucción del tejido social, cultural y espiritual. Además, solicitan la reconversión económica y productiva del nuevo territorio y la construcción participativa de un Plan de Vida.
A la movilización se suman otras comunidades que solicitan un estudio sobre los impactos de la minería en la población de Albania, Hatonuevo y Barrancas, así como la indemnización inmediata por daños en viviendas, sistemas hídricos, salud y medio ambiente.
LUCHA POR EL AGUA
Entre las demandas se encuentra la entrega de territorios ancestrales a comunidades Wayuu desplazadas, la restitución de predios expropiados y la devolución de sitios ceremoniales y espirituales a pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, como los Wiwa, Kogui, Arhuaco y Kankuamo.
“El Cerrejón no es progreso, es despojo de territorios ancestrales”, afirmaron en el comunicado, en el que también expresaron que las comunidades insisten en que la minería ha provocado el desplazamiento forzado de decenas de familias y la afectación de ecosistemas vitales.
“Agua para La Guajira, no más carbón que contamina la vida”, sostuvieron en el escrito, en el que responsabilizan a Glencore de los daños sociales y ambientales.
EN BUSCA DE RESPALDO
La protesta también busca que la sociedad civil, organizaciones sociales y otros consejos comunitarios respalden la exigencia de reubicación y reconstrucción para comunidades como Manantial, Tabaco, Vereda Caracolí, Palmarito, Zarahita, Roche, Chancleta, Oreganal, Tamaquito II, Nuevo Espinal, Patilla, Barrancón, Equimana y Puerto Arturo.
La comunidad exige el cierre de la mina, por la vida, el agua y la dignidad de los pueblos originarios y afros y una transición energética justa, así como una reconversión laboral para la región.
IMPORTANTE APOYO
Por su parte el director de Indepaz, Leonardo González Perafán, expresó que la dignidad de los pueblos no puede seguir enterrada bajo el carbón.
“No puede hablarse de transición energética mientras persistan comunidades desplazadas, territorios fragmentados y daños ambientales sin reparar”, afirmó el director de Indepaz, recordando que “la justicia ambiental también es justicia social”, agregó.
González Perafán concluyó que La Guajira no debe seguir entregando carbón mientras persistan reclamos por agua, reparación y condiciones dignas, advirtiendo que cada exigencia refleja historias de despojo y daños que no pueden seguir invisibles.
El Cerrejón es una mina de carbón, situada en el departamento de La Guajira, situada en la cuenca del río Ranchería, al este de la Sierra Nevada de Santa Marta y al oeste de la Serranía del Perijá, en la línea con la frontera con Venezuela.
Es de anotar que las características de la mina, permiten una extracción a cielo abierto, siendo una de las más grandes del mundo y la más grande de Latinoamérica.
ENORMES PERJUICIOS
Sin embargo, la minería tiene muchas consecuencias para el medio ambiente y las comunidades locales. La comunidad de 1.200 familias afrocolombianas de Tabaco, en el municipio de Hatonuevo, fue expulsada de sus tierras a principios de la década de 2000 para dar paso a un proyecto de expansión minera. La empresa minera empezó por desecar el río Tabaco aguas arriba, hormigonando y desviando los cursos de agua subterráneos que lo alimentaban.
La comunidad resistió todo lo que pudo, pero la llegada de hombres armados – “paramilitares” a sueldo de la empresa minera”, según las denuncias – acabó provocando la evacuación violenta de la zona. En 2014, y de nuevo tres años después, los tribunales colombianos ordenaron a la mina el pago de indemnizaciones y el realojo de la comunidad en tierras productivas, pero diez años después las indemnizaciones siguen sin pagarse, y el municipio de Hatonuevo, responsable de la construcción del nuevo pueblo de Tabaco, no ha comenzado las obras.
En 2021, Glencore adquirió la propiedad total de la empresa Carbones del Cerrejón Limited por un valor de 588 millones de dólares y cuya concesión expira en 2036.
Ahora el bloqueo que paraliza las actividades en El Cerrejón se constituye en otro capítulo de la eterna lucha de los indígenas por sus derechos fundamentales. ¿Qué seguirá después?
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