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Un análisis sobre los peligros que pudo enfrentar la COP16 y que, de materializarse, habrían tenido un impacto internacional.
Por Ana María Saavedra – Periodista – Investigación para la Liga contra el Silencio
Sentado en un café cerca del bulevar del río Cali, F* recuerda la que antes fue su vida: combates, caminatas largas con el pertrecho al hombro… Mientras piensa para responder una pregunta, junta sus manos, ahora de uñas cortadas y brillantes: no son ya las manos de quien durante años empuñó un fusil y armó explosivos como miembro de las FARC.
—Teníamos una jerarquía definida y analizábamos las acciones teniendo en cuenta los costos políticos. Ahora no hay ni unidad de mando ni de criterio. Son gente con armas que no estaba de acuerdo con el acuerdo de paz y se pusieron nombres de frentes de las FARC para intentar tomar las zonas que teníamos, pero son muy diferentes a lo que éramos. Y eso, creo, es lo que los hace más peligrosos, más impredecibles —dice F.
Se refiere a los diversos grupos armados que no se unieron al acuerdo de paz de 2016, firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, y a los que nacieron después.
— ¿Pero cree que la operación desplegada por las Fuerzas Militares en El Plateado contra las disidencias de las FARC va a generar una retaliación contra la COP16? —le insisto.
—Cuando las Fuerzas Militares lanzaban una operación de ese tipo contra un frente, los otros grupos realizábamos acciones de respuesta: hostigamientos a estaciones, cilindros bomba, atacabamos unidades militares. Para intentar aliviar la presión y que las tropas se desplazaran. Pero atacar un evento como la COP16, con estas implicaciones políticas, con delegaciones de países que incluso son garantes en proceso de negociación, tendría un costo político demasiado alto. Pero el riesgo es esa misma falta de doctrina política y de una jerarquía. Cualquier mando medio puede ordenar un acto.
— ¿Y tienen la capacidad militar para un atentado en alguna de las zonas de la COP16?
— Eso nunca se puede descartar porque puede que no puedan poner un carro bomba o lanzar cilindros, pero sí un ataque con drones y explosivos, como el de Morales; o un explosivo dejado abandonado en alguna esquina o un baño. La Zona Azul (donde se realizarán las negociaciones oficiales) está muy custodiada, pero el resto de la ciudad es muy difícil de controlar. Creo que no tienen unas milicias organizadas como las que tuvimos, pero sí han reclutado mucho pelado en el distrito. Y a un pelado de esos, que no tienen miedo de nada, le ofrecen dinero y ellos por mostrar valía en la organización se pueden arriesgar. Otra vulnerabilidad es el río Cauca porque por ahí entran muchas cosas —dice.
Horas antes de esta conversación con F, las disidencias hostigaron estaciones de Policía en Miranda, Suárez y Toribío, municipios del Cauca, ubicados entre 40 y 60 kilómetros de Cali. Horas después de esta entrevista, en la noche del jueves 17 de octubre, un artefacto explosivo estalló cerca a otra estación de Policía, pero en Jamundí, a menos de 30 kilómetros de la ciudad.
Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Germán Oviedo, en las grabaciones de las cámaras instaladas en los alrededores “se observa a una persona que llega hacia un árbol y deja este artefacto explosivo improvisado”. También muestran que huyó en una motocicleta.
El atentado en Jamundí, que dejó un policía lesionado, tuvo ese modus operandi que F. predijo esa misma tarde. Una persona deja un paquete con un explosivo abandonado y huye sin llamar la atención. El impacto mediático de este acto, aunque no tiene la dimensión de un carro bomba o de un ataque más grande, sí instala la zozobra. Todas las fuentes consultadas para este artículo coincidieron en señalar ese mismo riesgo.
Dos periodistas de orden público, dos fuentes de los organismos de inteligencia, un analista en comportamiento criminal, un exguerrillero, una analista en temas de seguridad, un mediador con los grupos armados ilegales y un líder social coincidieron en afirmar que entre los riesgos de atentados en la COP16, cuyo lema es “Paz con la naturaleza”, está el de dejar una bomba de bajo poder en un sitio de la ciudad que concentre visitantes.
Tanto miembros de los organismos de seguridad como el resto de las fuentes creen que es improbable que se cometa algún atentado en la Zona Azul, cuya seguridad está a cargo de las Naciones Unidas y donde estarán reunidas las delegaciones en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en la autopista Cali-Yumbo, al norte de la ciudad.
En otras zonas también se realizarán actividades culturales y académicas. Uno de esos puntos será la Zona Verde, además de áreas en el centro y en el Bulevar del Río. En este mapa, publicado por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se observan los lugares que acogerán eventos.
En una de las reuniones entre las autoridades locales, las Fuerzas Militares, la Policía y los delegados de la ONU, para hacer evaluaciones de seguridad previas a la COP16, inteligencia militar indicó que identificaron ocho estructuras armadas que podrían constituir una amenaza para el evento.
Se trata de grupos disidentes de las FARC —tanto del Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias ‘Iván Mordisco’, como de la Segunda Marquetalia, comandada por el exnegociador de paz Iván Márquez, enfrentados entre ellos—, y dos frentes del ELN. Esas estructuras están ubicadas a lo largo de las dos cordilleras, la Central y la Occidental, que rodean a Cali.
En el Valle del Cauca y en el Cauca operan los frentes del EMC: Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño, Ismael Ruiz, Frente 30 Rafael Aguilera y Compañía Adán Izquierdo. También la Segunda Marquetalia y el denominado “Frente 57”, una facción disidente de la Adán Izquierdo. Al ELN pertenecen el Frente de Guerra Suroccidental y el Frente Manuel Vásquez Castaño.
La COP arrancó en medio de hechos previos preocupantes. El jueves 17 de octubre, cuatro días antes de la inauguración, la Procuraduría emitió “una alerta urgente” por ocho eventos de alteración al orden público en el suroccidente del país. En “las últimas 72 horas en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca se han reportado dos hostigamientos en Corinto, uno en Suárez, uno en Miranda, uno en Toribío, uno en Jambaló y otro en Argelia donde, además, se registraron combates en el marco de una operación militar y la activación de minas antipersona que dejaron a dos militares heridos”, indicó en un comunicado.
Al poco tiempo de esta alerta, se sumó otro hecho de violencia: en la tarde del jueves 17 de octubre un carro del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), que trasladaba presos desde Popayán al Valle del Cauca, fue emboscado en la vía Panamericana, que conduce de Cali a Popayán, al parecer por miembros de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC.
Las acciones de los grupos armados no solo tienen que ver con la guerra, el control del narcotráfico y la minería ilegal. La relación entre medio ambiente y esas agrupaciones se ha vuelto palpable, especialmente por el control que ejercen en varias regiones del país. Es el caso del EMC, que manda en grandes extensiones de la selva amazónica y “ha demostrado que tiene el poder de frenar o acelerar la deforestación cuando así lo decide” y de acuerdo a sus intereses, como lo muestra el informe del International Crisis Group, “Tierra arrasada: cómo frenar el control rebelde del Amazonas colombiano“. El presidente Petro “ha puesto la protección ambiental en el centro de su agenda de gobierno, pero la influencia de los grupos armados sobre la Amazonía ha complicado su propósito de detener la deforestación”, señala. A eso se suma que ese grupo ha prohibido el ingreso de funcionarios del Ministerio de Ambiente y de Parques Nacionales Naturales a las áreas protegidas.
‘Mordisco’ vs Petro: Trinos y comunicados
Que la guerra no se gana solo en el campo de batalla sino también con las comunicaciones es una frase que se repite desde hace años. Tres meses atrás de la COP16, el 16 de julio pasado, un mensaje publicado en una cuenta de X (suspendida) del EMC de ‘Mordisco’ fue interpretado como una amenaza al evento.
“La COP16 fracasará aunque militarice con gringos la ciudad. Señor Gustavo Petro, su discurso de protección de la naturaleza se derrumbará”, decía el tuit.
‘Mordisco’ y Petro tenían una historia previa de enfrentamientos en X, luego de que el presidente le dijera “traqueto vestido de revolucionario” en marzo de este año.
A partir de allí inició un intercambio de tuits y comunicados que se refleja en los titulares: “La amenaza de Iván Mordisco a Petro: sabotearía la COP 16” (17 de julio: ); “Iván Mordisco respetará la COP 16” (9 de octubre); “El gobierno blinda a Cali de un posible ataque de Iván Mordisco durante la COP 16” (16 de octubre). “Disidencias de ‘Iván Mordisco’ aseguran que no atacarán la COP16 en Cali tras robustecimiento de la seguridad” (19 de octubre).
Este último titular, de dos días antes de la inauguración de la COP16, se publicó tras la entrevista con Sebastián Martínez, vocero de las disidencias lideradas por ‘Mordisco’. “Yo soy digamos aquí alguien que viene a transmitir un mensaje oficial de la Dirección Nacional de las FARC, del secretariado y el Estado Mayor Central, de que nosotros no tenemos en ningún momento un plan para atentar contra la COP16, para que quede muy claro”, dijo en el medio Nariño Televisión.
Para Juanita Vélez, investigadora de la Fundación Conflict Responses – CORE, estos tuits contradictorios serían “un juego de mostrar fuerza, algo simbólico”. “Aunque no sé qué tanta capacidad militar tengan de hacer algo en la COP, creo que en Jamundí sí podrían hacer algo para mostrar fuerza durante estos días”, dijo.
En los comunicados o panfletos que reparten las disidencias también evidencian los conflictos que tienen entre los diferentes grupos. Las disidencias lideradas por ‘Mordisco’ se enfrentan actualmente con otros dos grupos a quienes llaman “Los Márquez” y “la banda del 57”.
El mapa de los grupos ilegales en el suroccidente parece una colcha de retazos de diversos grupos. Podría compararse con el paisaje que se observa al aterrizar en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, por donde llegan las delegaciones de la COP16: lotes cercados de diferentes tonos de colores verdes y tierras, pero todos con un monocultivo, el de la caña de azúcar.
“Las disidencias han usado comunicados impresos y en redes sociales y pancartas en Cali. Se han manifestado varias veces sobre la COP16. Hay un manejo narrativo que muestra un interés de generar bulla, de jugar de forma simbólica y de imagen. Su estructura no es la de frentes o bloques que respondan a la lógica de organización de las FARC, lo que hace que sus intenciones políticas sean complejas de leer, por eso los comunicados pueden decir hoy una cosa y luego otra cosa. También es un juego de narrativas”, analiza Irina Cuesta, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) e integrante de Amassuru, red de mujeres especializadas en seguridad y defensa en Latinoamérica y el Caribe.
Todo esto en medio de los esfuerzos del gobierno de Petro por buscar la “Paz Total”, negociaciones que tienen diferentes grados de avance: los diálogos con el ELN, que empezaron en noviembre de 2022, están en crisis desde febrero pasado y ambas partes se acusan de incumplimientos; con la Segunda Marquetalia empezaron en junio pasado, y aunque con el EMC los diálogos de paz comenzaron en 2023, hoy continúan con una facción de ese grupo, comandada por ‘Calarcá’, y están suspendidos con el ala de ‘Mordisco’.
Y* es un defensor de derechos humanos que lleva años recorriendo trochas minadas de guerrilleros, paramilitares, bandas criminales sin más armas que su palabra. Se ha metido en la boca del lobo a negociar con el diablo. Y es esa experiencia como negociador de derechos humanos la que le permite hacer un análisis de los riesgos actuales para la COP16.
“Mi primer temor era el ELN, que con la presencia de células y milicias que tiene en Cali y con los diálogos que estaban congelados podían intentar algo como presión, pero luego tuve información que daba tranquilidad con ellos. Con las disidencias es otra cosa porque son explosivas e imprevisibles. Y ese caos que están generando ahora en Cauca y Jamundí puede generar que cualquiera haga una cagada, un petardo en una papelera o algo que genere ruido. Y pueden ser ellos, o paramilitares, o enemigos del presidente o del alcalde”, explica Y.
Irina Cuestas de la FIP, a su vez, cree que hay que entender las dinámicas de seguridad del suroccidente y todas las complicaciones previas que puedan estallar por el contexto de Cali y sus alrededores. Y pueden ser escenarios de riesgo sin una relación causal. La COP se desarrollará en un contexto de seguridad complejo.
Pero es un contexto que también forma parte de la historia de la ciudad, que ha sido epicentro del conflicto en el país durante casi medio siglo. En las respuestas de F. y los análisis de las fuentes consultadas se resumen la incertidumbre a la que se enfrentan las autoridades frente a la seguridad de la COP16. Cómo blindar una ciudad que recibirá miles de visitantes, incluidos mandatarios y altos funcionarios.
Fantasmas de los carros bombas que destruyeron el Palacio de Justicia, el complejo principal de la Policías Metropolitana y del Valle, estaciones de Policía y las sedes de la Sijín y de la Regional de Inteligencia; de las masacres y asesinatos cometidos por ‘oficinas de cobro’ del narcotráfico que llevaron a Cali a estar en el pasado y durante años, en el ranking de las ciudades más violentas de Colombia.
Aunque las cifras no son las de otras épocas, aún son altas. Entre el 1 de enero y el 15 de octubre de este año, 729 personas fueron asesinadas en la capital vallecaucana, según datos del Observatorio de Seguridad de la Alcaldía. Y en 2023, de acuerdo con las cifras del Monitor de Homicidios del Instituto Igarapé, la ciudad tuvo una tasa de 43,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra solo superada por Sincelejo, que tuvo 50.
Precisamente, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el 15 de octubre pasado, emitió una alerta para los ciudadanos de este país que asistan a la COP16. “A pesar de la mayor presencia de fuerzas de seguridad y policías en Cali durante la COP16, la Embajada recomienda encarecidamente a los asistentes a la conferencia que mantengan la vigilancia sobre su seguridad. Los delitos violentos, incluidos robos a mano armada, secuestros y homicidios, están muy extendidos en las zonas remotas fuera de Cali, y los grupos terroristas están activos en algunas zonas”.
La estrategia de seguridad
En la entrada de la Zona Verde, justo al lado del Centro Administrativo Municipal (CAM), un hombre con uniforme militar, casco blindado, chaleco antibalas y un fusil custodia la entrada, mientras un grupo de policías a pocos metros requisan a dos hombres con una maleta. Son las 2:30 de la tarde del 21 de octubre, y en menos de tres horas se realizará el evento de inauguración de esta zona.
Mientras un helicóptero sobrevuela el área, tres mujeres indígenas del pueblo Misak almuerzan a pocos pasos de un stand en el que se ofrecen artesanías. Un diablo del Carnaval de Pasto camina por el bulevar y dos jóvenes tocan una marimba. Poco a poco el sitio se llena de periodistas con cámaras fotográficas y de televisión, que llegan a cubrir el evento de inauguración.
La seguridad de la COP16 incluyó la llegada de 4 000 policías adicionales y 1 600 soldados, tanto de fuerzas especiales como urbanas. “Para la Policía llegaron 4 000 uniformados adicionales. Para que los 6 000 que están en la Metropolitana no descuiden la seguridad de la ciudad; los nuevos, que incluyen fuerzas especiales, estarán exclusivamente para la COP, al mando de un general”, explicó uno de los funcionarios encargados de la seguridad del evento, que habló con la condición de no revelar su nombre porque no está autorizado para dar declaraciones oficiales.
Toda la estrategia incluye un sistema de drones, manejados por la Policía y la Fuerza Aérea, y otro de detección de estos. Uno de los riesgos que detectaron las autoridades en los estudios de seguridad previos es la vulnerabilidad que representa un ataque con explosivos arrojados desde un dron.
Además, según la información del portal de la COP, “están en funcionamiento 1 540 cámaras de seguridad, 12 drones y tres equipos de operaciones especiales SWAT, conformados por 120 policías que vigilarán la ciudad las 24 horas del día durante el desarrollo del evento”.
Aparte de esto, en los 70 hoteles donde se hospedan los integrantes de las delegaciones de los 196 países y de los organismos internacionales hay presencia de militares y policías. Las vías por las que se llega a la Zona Azul tienen retenes.
“Hay un plan especial para estas vías principales por las que se movilizarán las delegaciones en buses y vehículos que alquilaron o en una flota de buses del MIO, que se destinaron exclusivamente como rutas para las personas acreditadas que vayan al centro de eventos”, explicó una fuente de la Secretaría de Seguridad de Cali, que prefirió no ser citado con su nombre por no ser un vocero autorizado.
Dos semanas atrás, cuando la Operación Perseo en El Plateado no se había desplegado, uno de los encargados de la seguridad de la COP16, que no puede ser identificado por no ser el vocero oficial, explicaba que durante meses delegados de la Policía, las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Valle del Cauca, entre otras autoridades, construyeron el plan de seguridad. Para que las Naciones Unidas, aceptaran a Cali como sede tenían que cumplir una “check list”.
Se trata de puntos claves que van desde un plan de emergencias ante desastres, otro de movilidad y la seguridad en el aeropuerto, la movilidad en corredores desde los hoteles y la Zona Azul y la seguridad en las zonas Verde y Naranja. Esta última corresponde a zonas de restaurantes, discotecas y hoteles de las delegaciones. La Zona Azul es protegida internamente por miembros de seguridad de la ONU, que portan su propio armamento y están apoyados por 150 policías sin uniforme ni armas. De los muros del Centro de Eventos Valle de Pacífico hacia afuera la seguridad está en manos de la Policía y las Fuerzas Militares, que desplegaron anillos de seguridad.
Cali, capital del estallido
Si los caleños ven de lejos los fantasmas de la violencia de los frentes de las FARC y el ELN, quizá un hecho más reciente permanezca vivo en la retina, para algunos como una herida abierta y para otros, como el inicio de un despertar. El estallido social de 2021, con sus bloqueos y manifestaciones, mostró otra ciudad, la de una mano que sostiene un letrero de Resiste, que se levanta en la zona conocida antes como Puerto Rellena, ahora llamada Puerto Resistencia, en la Autopista Simón Bolívar, esa frontera invisible que ha separado las dos Cali: la del oriente, donde se concentra un gran porcentaje de los homicidios, y el resto de la ciudad.
Y esa Cali de la resistencia, romantizada por muchos y criminalizada por otros, fue el despertar de una serie de movimientos sociales que han reivindicado luchas con consignas feministas y raciales, que abogan por el derecho a la tierra, a casas dignas, al agua, al cuidado del medio ambiente.
En los últimos meses se han presentado bloqueos y manifestaciones de varias organizaciones, que han anunciado que saldrán a hacer públicas sus reivindicaciones en la COP16. La ladera, la zona de montaña donde viven sectores populares, pide agua. Los desplazados piden tierra y las mujeres que no nos maten más.
El domingo 20 de octubre, horas antes de que el presidente Gustavo Petro presidiera la ceremonia de apertura de la COP16, un grupo de organizaciones sociales de la ciudad se reunieron en un coliseo del oriente para decidir sus acciones en los próximos días. Se trata de la Minga Social y Comunitaria Cali, que reúne a 22 organizaciones sociales.
Estos colectivos han tenido una serie de peticiones relacionadas con la lucha por la tierra, una vivienda digna, la soberanía alimentaria, entre otras. También habitantes de zona de ladera, como Alto Menga, salieron el miércoles 16 de octubre a protestar por la falta de agua.
Aunque la movilización social no ha sido vista como una amenaza, las autoridades han establecido mesas de diálogo para intentar llegar a acuerdos para evitar novedades. “Creemos que van a bloquear vías y hacer marchas, pero tenemos unos grupos encargados de diálogos y unos protocolos para que no se interfiera en la Zona Azul”, reconoce un miembro de la Alcaldía.
El 21 de octubre inició oficialmente la COP16. Los helicópteros se escuchan en el centro de Cali, por donde tanquetas militares se abrieron paso días atrás en una zona peatonal. Militares y policías vigilan desde los árboles junto al río. La ciudad está militarizada. Mientras en la Zona Azul los delegados de varios países discuten sobre cómo proteger la biodiversidad, en las montañas del Cauca, en ambas cordilleras se vive otro escenario, el de la guerra por los cultivos de marihuana y coca y la minería ilegal.
*Los nombres han sido cambiados para proteger las identidades de las fuentes.
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