Por Guillermo Sánchez | Dirigente Sugoviano
Están por verse, de ser aprobada, los efectos de la Reforma a la Salud en la prestación de este servicio. Hábilmente, los detractores de la propuesta, han vendido como temores los cambios con los que se vería reducido el negocio redondo que les representa el estado actual del sistema. Pero, de nuevo, no es posible saber el impacto real hasta tanto no se implemente.
Un temor similar ocurrió cuando se discutía la ley 100 de 1993, en la que se sustenta el actual sistema y que antecedió al antiguo modelo, al que, entrados los años 90, solo accedía el 31% de los colombianos. El resto de la población (los pobres no asegurados) se las tenían que arreglar con hospitales de caridad financiados con recursos departamentales y nacionales.
Pasados poco más de treinta años de la ley 100, expertos en el tema coinciden en que persisten rezagos del anterior modelo, especialmente en zonas periféricas del país donde no es negocio para los privados llevar el servicio.
Además de otros aspectos medulares como el enfoque biomédico y comercial, que sí o sí, debe cambiar. Es decir, el carácter reactivo frente a la enfermedad que no se ocupa de prevenirla, así como la rentabilidad que ha dado lugar a fenómenos de corrupción como el de Palacino con la extinta Saludcoop.
PROFESIONALES MENDIGANDO SALARIOS
Qué decir de lo que ello ha significado para los profesionales de la salud, que la han dado toda, especialmente durante la pandemia, y aun los tenemos mendigando salarios porque no se les paga oportunamente. Situación que ha convertido en paupérrima la labor del galeno que poco incentivo tiene para crecer profesionalmente (revísese el déficit de especialistas de la medicina en el país).
Al sistema de salud actual habría que reconocerle muchas cosas, porque no todo ha sido malo, una afirmación con la que, en su momento, coincidieron los beneficiarios del modelo que antecedió a la ley 100, en el que era fácil distinguir entre usuarios de primera y segunda categoría; los primeros representados en los asalariados que cotizaban en el antiguo Seguro Social y Cajas de Previsión Social (la minoría), y los segundos a merced de la precariedad del sistema público.
Es importante mencionar que la cobertura, utilizada como argumento por los defensores de la ley 100 del 93 para defender el status quo del actual sistema, no se logró por la benevolencia de la mencionada norma, sino por cuenta de sendos fallos y sentencias de la Corte Constitucional, que, en aplicación del Estado Social de Derecho, ha ordenado que se le cumpla a los ciudadanos con su derecho fundamental a la salud.
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