Los males de las regalías

El País – Cali| Pese a todas las medidas para tratar de garantizar su buen uso, el Sistema Nacional de Regalías, SGR, sigue siendo objetivo principal del despilfarro en muchas regiones de Colombia. La tendencia sobre los malos resultados y las continuas denuncias de entidades como la Contraloría General de la República son síntomas de que departamentos y municipios pueden convertirse en los grandes enemigos de la descentralización administrativa.

El último informe de la Contraloría sobre el destino de esos recursos es un penoso relato sobre la forma en que se usaron para edificar ‘Elefantes Blancos’, como se denominan las obras que no tienen uso alguno o son inútiles. La auditoría del segundo semestre indica que $149.156 millones fueron presa del mal manejo por 17 Gobernaciones y 22 municipios durante ese período.

Y si bien el 84% de esos hallazgos se produjeron en el Meta, ello se debe a que es gran receptor de regalías por ser productor de hidrocarburos, en especial, el municipio de Puerto Gaitán. $74.000 millones se ejecutaron allí en obras como colegios e internados que están abandonados, en acueductos, alcantarillados y equipos médicos “que nunca se pusieron en servicio” o en proyectos de vivienda inconclusos que en algunos casos amenazan la integridad de sus adjudicatarios.

Ese es un ejemplo de cómo no han sido suficientes los estrictos y en algunos casos farragosos controles y procedimientos establecidos por la ley y desarrollados por Planeación Nacional. Y de cómo los gobernantes que los desperdician o los dejan a merced de la corrupción y el clientelismo son los peores enemigos de la confianza que debe existir entre los niveles del Estado.

Por supuesto, la víctima son los habitantes de las regiones y localidades cuyos alcaldes y gobernadores los usaron como justificativo para recibir esos capitales y realizar contrataciones discutibles o venales. Ellos son los que no reciben los beneficios que debería proporcionarles un sistema concebido para hacer más democrática y más efectiva la utilización de los ingresos derivados de la explotación de recursos como el petróleo.

El resultado es la pérdida de credibilidad en las regalías. A ello hay que aumentar el que los procedimientos de la Contraloría no alcanzan para impedir el despilfarro o para castigar a sus responsables.

Según el ente de control, $242.000 millones le costaron a la Hacienda Pública los 336 hallazgos del 2016. Entre ellos está la adecuación de un Centro de Recreación denominado Acuaparque en Buenaventura, uno de los municipios con mayor índice de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas de Colombia. $3.628 millones fueron ejecutados en el 2015 en una obra que no sirve porque los contratistas sólo realizaron el 20% del proyecto a pesar de que el Municipio entregó el 90% de los recursos.

Ejemplos como ese abundan. La pregunta es cómo lograr que las Regalías cumplan la función que se les definió en la ley y no sigan engordando los bolsillos de la corrupción y desprestigiando la descentralización administrativa en Colombia. (14/01/2017)