Álvaro Ruiz |
| Colombia es un país macondiano, definitivamente. Se suscribió el acuerdo de paz con las Farc, avanza el acuerdo con el ELN y, sin embargo, fuerzas oscuras siguen propiciando la muerte de líderes populares y sindicales. |
Por José Girón Sierra | Tomado del Portal Rebelion.Org
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de amenazas y agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos [1], y sobre el asesinato de 17 personas entre desmovilizados y familiares de la FARC, han suscitado revuelo entre distintos sectores sociales y medios de comunicación masiva. No es para menos. El fantasma del genocidio de la Unión Patriótica (UP) ronda sobre un proceso de negociación que ya tiene a la guerrillerada desarmada y aprestándose para dar la lucha política dentro del marco que impone nuestra legalidad.
Al respecto, la respuesta del Gobierno y de agentes del Estado como la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, ha sido inapropiada y en no pocos casos evasiva, pues se ha limitado, sin muchos argumentos, a rechazar el carácter sistemático de estos asesinatos y agresiones e, inclusive, a sugerir que estas muertes no tienen que ver con la actividad social y política de las víctimas.
Con esa postura, pareciera como si eso de asesinar a líderes sociales y políticos fuera un hecho ajeno a nuestra historia reciente y pasada, cuando aún no hemos salido del asombro causado por el genocidio de la UP y de cientos de líderes sociales y políticos que han caído por el pecado de luchar por sus derechos y de reclamar el derecho a una vida digna.
Pero precisamente el carácter sistemático radica en la permanencia de un modus operandi de sectores autoritarios incrustados hace rato en el aparato del Estado, que les ha permitido la defensa, en nada democrática, de sus intereses, consistente en considerar la eliminación de los opositores. Los mismos son defensores de la democracia restringida y de un orden en el que el Estado de derecho es una anomalía, por eso han sido gestores y defensores de actuar sin escrúpulos, utilizando todas las formas de lucha: desde el estigma y la amenaza hasta el asesinato si es necesario. Este modus operandi es ese animus contrainsurgente del que hemos hecho referencia y que sectores importantes de la sociedad avalan.
Esta manera de ver las cosas se ha visto fundamentada teóricamente por lecturas desarrolladas en la época de la guerra fría por EE. UU. y por visiones clericales de sectores importantes de las iglesias, particularmente de la iglesia católica, que han visto en cualquier reclamo social el fantasma del comunismo, cuando no el castro-chavismo según estigma reciente. Todo aquel que habla de derechos o que simplemente se plantea una sociedad más incluyente, hace parte de esa amenaza que tiene como referente el modelo de sociedad de cuba y Venezuela.
Con el fin del conflicto armado entre la organización insurgente FARC-EP y el Estado colombiano ocurrido con la desmovilización y entrega de armas, se cierra de alguna manera la tercera fase de la guerra de baja intensidad propia de la estrategia de seguridad nacional en tanto, después de ofensiva militar, política y psicológica que debilitó profundamente al oponente, en este caso las FARC, lo obligó a modificar sus aspiraciones y a una negociación política de dicho conflicto.
Pero este proceso de pactación que ha ilusionado a muchos y que en la actualidad se adentra en su etapa más compleja: el concretar los cambios pactados, pero que también ha activado la intolerancia y el odio de no pocos, ha dejado sueltos no pocos cabos. Tal vez el más importante, ese animus contrainsurgente del que se ha hecho mención, cuya elite inspiradora ha tenido la habilidad para que buena parte de la sociedad lo haga propio.
La resistencia de la elite gobernante a reconocer la existencia de una fuerza armada ilegal como el paramilitarismo afín a los intereses de sectores económicos, principalmente agrarios y de ultraderecha, sectores que hoy encabezan la oposición más acérrima contra el proceso de negociación con las FARC y que aspiran a tomarse el poder el año entrante “para volver trizas” el acuerdo de paz[2], como lo ha hecho público uno de sus voceros, no deja de despertar muchísimas inquietudes sobre lo que ocurrirá en el posconflicto, sobre todo, cuando a la vez afloran todo tipo de inercias estatales en identificar y desactivar a quienes desde hace rato son los responsables de esos asesinatos selectivos de los líderes sociales[3]. Inercias que no dejan de ser sospechosas cuando en otros casos, que son de su conveniencia, la celeridad es la regla, demostrándose de que existe la experticia para eficaces y oportunos si se lo proponen.
Respecto de lo dicho antes, resulta ilustrador el siguiente cuadro:
Agresiones, asesinatos y atentados a defensores(as) de derechos humanos período 2009-2017[4]
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Año
|
Agresiones
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Asesinatos
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Atentados
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Periodo 2002-2008
|
610
|
60
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17
|
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2009
|
177
|
32
|
17
|
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2010
|
174
|
32
|
10
|
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2011
|
239
|
49
|
17
|
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2012
|
357
|
69
|
50
|
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2013
|
366
|
78
|
39
|
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2014
|
626
|
55
|
41
|
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2015
|
682
|
63
|
35
|
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2016
|
481
|
80
|
49
|
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2017*
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193
|
20
|
19
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Fuente: Programa Somos Defensores. Datos a marzo de 2017.
Como puede desprenderse de un análisis juicioso de estos datos, ciertamente nunca dejaremos de sorprendernos ante la práctica del asesinato político como forma de lucha por el poder, pero no estamos sobre nada nuevo. Lo más relevante de estos datos es el hecho de que estemos frente a una nueva espiral de asesinatos selectivos y de agresiones a líderes sociales, que además coincida con el inicio de las negociaciones de La Habana en el año 2012. Con el dato del 2002 al 2008 se quiere indicar que todo esto viene de mucho más atrás y que si no se da cuenta de un período mayor es porque el registro sistemático de estos hechos abominables es más bien reciente.
Esta espiral corresponde a un período particular en el que se presentaron circunstancias que tocaron temas muy sensibles. Además, encendieron las alarmas asuntos como la decisión del gobierno de liderar una ley de víctimas con el trasfondo de la restitución de tierras y su posterior decisión, de implementarla; la iniciación de un proceso de negociación con las FARC que implicaba no sólo darle estatus político sino también comprometerse con unas transformaciones en temas muy sensibles como la reforma estructural al agro, la democratización del Estado y la posibilidad de una justicia no manipulable, que se ocupara de las responsabilidades de los actores directos e indirectos de la guerra.
Un acercamiento contextual al problema permite encontrar relaciones y por consiguiente explicaciones que no serían posibles cuando se toman los hechos aislados, como parece ser la tónica de la fiscalía actual, que en eso de borrón y cuenta nueva pareciera alejarse del propósito del anterior fiscal de darle al análisis de contexto un lugar destacado, sobre todo en el modus operandi del que nos ocupamos, pues se trata de develar el modo de estructurarse las lógicas de poder nacionales que tienen sus correlatos en todas las escalas territoriales.
Omitir este acercamiento contextual es continuar con la idea equivocada de que con la estrategia de las “capturas de alto valor”, se va a acabar con un problema que está más allá de quien opera de manera directa la agresión. Por ello, la mayor fuente de impunidad se encuentra acá: no resultaría muy complicado capturar al autor material —aunque esto ni siquiera ocurre en la mayoría de los casos—, pero hoy si parece muy difícil identificar en las distintas escalas territoriales, pero sobre sobre todo en la municipal, a aquellos en quienes recae la autoría intelectual y establecer a que intereses económicos o políticos responden estas acciones. A esto último no se quiere llegar por razones que son obvias. De allí el miedo a una justicia imparcial e inclusive a una comisión de la verdad como la que se acordó en La Habana.
Planteadas las cosas de esta manera, para la ultraderecha son muchos los intereses en juego y por ello pusieron a jugar su acumulado político, su poder económico y, por qué no, su poder militar. Hasta ahora lograron ganar en el plebiscito y han logrado cambios importantes en los acuerdos como por ejemplo llenar de prerrogativas a los militares y, con su estrategia mediática, han logrado mantener el acuerdo en un lugar de legitimidad muy bajo.
Que sean los campesinos —sobre todo los reclamantes de tierra— y los defensores del proceso de paz, quienes han caído víctimas de las balas, corrobora este enfoque analítico.
Firmado el acuerdo de La Habana y desmovilizada las FARC, la alarma no puede ser menos, pues no habría ninguna razón para pensar que esta estrategia de vieja data no sea utilizada e intensificada. Más aún, estaba prevista. La llegada de las FARC a la lucha política legal, los cambios que pudiera generar en el agro y sobre todo en la propiedad de la tierra con la implementación del numeral uno de los acuerdos, sobre reforma rural integral, y la posibilidad de que la reforma política y electoral permita que nuevas fuerzas políticas le disputen el poder a esa elite tacaña y excluyente como es la colombiana, viene movilizando y articulando las fuerzas más oscuras de la sociedad en torno a un objetivo central: como volver inane el pacto de negociación con la insurgencia y para ello, como lo ha sido desde que le cerraron el paso a Gaitán, a las tímidas reformas de Lleras Restrepo y al espíritu garantista de la Constitución del 91. Sin duda no vacilarán en acudir a todas las formas de lucha incluido el asesinato político.
Ha reafirmado el presidente Santos ante estos hechos que no puede haber un muerto más y menos impunidad [5]. La pregunta es: ¿Hay la voluntad y el juego político para ello? Las dudas son inmensas, sobre todo porque llegar a esto implicaría resolver muchas cosas[6] y es irrisorio lo que pueda hacer un presidente sin capital político y con el sol a sus espaldas. Habida cuenta del panorama político para el año entrante en donde puntean los enemigos del proceso, las incertidumbres se acentúan y las alarmas deberían encenderse para quienes podrían intentar alternativas para frenar las aspiraciones de aquellos que quieren volver añicos un pacto que en términos reales sólo pretende dar un paso en nada profundo pero importante en la democratización de la sociedad.
El asunto deja varias preguntas: ¿Estamos ante el comienzo de un nuevo genocidio sin que la sociedad y la élite constituida como bloque en el poder se pellizquen? ¿El Acuerdo de La Habana sólo será poco más que una desmovilización de la insurgencia o superaremos estas amenazas y podremos dar el salto a una sociedad que de algún modo se humanice y deje atrás la barbarie y la indignidad? ¿Estamos ante el comienzo de un nuevo genocidio sin que la sociedad y la élite constituida como bloque en el poder se sacudan? ¿Podremos incubar en la sociedad sentimientos constructivos que neutralicen tanto odio, útil por décadas a los que viven de la guerra, para que por fin veamos en la diferencia una oportunidad y no una amenaza? Amanecerá y veremos.
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